Puebla, Pue.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para solicitar la revisión del proyecto del Parque Tecnológico de Manejo de Residuos que se pretende desarrollar en el municipio de San José Chiapa.
El recurso fue entregado el pasado 8 de julio de 2026 a la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, bajo el argumento de que la obra podría generar afectaciones al equilibrio ecológico y ocasionar daños al medio ambiente.
Solicitan revisar impacto ambiental
En el documento, el dirigente emecista plantea que la construcción y operación del proyecto, contemplado dentro del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, podría contravenir diversas disposiciones legales relacionadas con la protección de los recursos naturales.
Álvarez Máynez sostuvo que cualquier proyecto de infraestructura debe cumplir con criterios de sustentabilidad y garantizar que no represente riesgos ambientales ni afectaciones para las comunidades donde será instalado.
Asimismo, recordó que el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció el proyecto en enero de este año con el objetivo de atender la problemática de un tiradero a cielo abierto que opera desde hace aproximadamente una década en esa región.
Habitantes también expresan rechazo
La postura de Movimiento Ciudadano coincidió con la manifestación realizada por habitantes de San José Chiapa, encabezados por la abogada Julisa Contreras, quienes acudieron a la Cámara de Diputados para expresar su inconformidad con el proyecto.
Los pobladores señalaron que el municipio cuenta con alrededor de 10 mil habitantes y genera únicamente 15 toneladas de residuos al día, mientras que la planta proyectada tendría capacidad para procesar cerca de 800 toneladas diarias, situación que, aseguran, impactaría a varios municipios de la región.
Además, recordaron que San José Chiapa ya alberga un tiradero a cielo abierto que recibe desechos de nueve municipios, por lo que consideran que nuevamente se pretende convertir a la localidad en una "zona de sacrificio".
La denuncia busca que la Profepa analice la viabilidad ambiental del proyecto y determine si cumple con la legislación vigente.
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