Puebla, Pue. A casi dos décadas de que inició el proceso judicial contra Brenda Quevedo Cruz, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y especialistas jurídicos anunciaron la creación de una plataforma de defensa para acompañar su caso y exigir una resolución pronta. El grupo también buscará visibilizar las presuntas violaciones a derechos humanos que, aseguran, han marcado el expediente desde su detención.
El anuncio fue realizado por Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, quien afirmó que el caso ha sido señalado durante años por organismos nacionales e internacionales debido a diversas irregularidades procesales.
Denuncian presuntas violaciones al debido proceso
De acuerdo con Hernández León, entre las presuntas vulneraciones documentadas se encuentran la detención arbitraria, actos de tortura, fabricación de pruebas y otras afectaciones al debido proceso. Sin embargo, señaló que Brenda Quevedo continúa bajo medidas de restricción sin que exista una sentencia definitiva sobre su situación jurídica.
Asimismo, explicó que la nueva plataforma está integrada por la Clínica Jurídica de la IBERO Puebla, el Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social) y un equipo legal renovado que fortalecerá la estrategia de defensa.
Buscan justicia y reparación integral
Los integrantes de la plataforma señalaron que uno de sus principales objetivos consiste en obtener la libertad de Brenda Quevedo, así como garantizar el respeto pleno de sus derechos y el reconocimiento de las afectaciones derivadas del prolongado proceso judicial.
Además, impulsarán la exigencia de una reparación integral para Brenda Quevedo y su familia, al considerar que la prolongación del procedimiento ha generado consecuencias personales, familiares y sociales.
Finalmente, Hernández León sostuvo que este caso refleja las fallas estructurales que aún enfrenta el sistema de justicia penal mexicano en materia de debido proceso, presunción de inocencia y acceso a una justicia pronta, completa y efectiva.
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