Puebla, Pue.- La Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) solicitó la suspensión inmediata de programas como el reordenamiento del transporte y la revista vehicular, al considerar que ambas medidas carecen de sustento técnico, transparencia y consenso con los sectores directamente involucrados. La organización sostuvo que las decisiones en materia de movilidad deben definirse a partir de estudios serios y metodologías públicas.
Proponen foros técnicos coordinados por universidades
En este contexto, la UTEP propuso que las políticas de movilidad se construyan mediante foros abiertos y permanentes, coordinados por universidades poblanas, con la participación activa de transportistas, usuarios y ciudadanía. De acuerdo con el organismo, solo así se puede garantizar un modelo de transporte público funcional, justo y acorde a las necesidades reales de la población.
La postura de la UTEP se dio luego de la comparecencia de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte ante el Congreso del Estado. Sin embargo, la organización afirmó que durante el ejercicio legislativo no se abordaron de fondo los problemas estructurales del sector, lo que evidenció la falta de una estrategia integral para rescatar el transporte público en Puebla.
Piden renuncia del presidente de la Comisión de Movilidad
Asimismo, la UTEP solicitó la renuncia del diputado Elpidio Díaz Escobar, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local, al señalar ausencia de respaldo al gremio transportista y falta de resultados legislativos. Según la organización, el Congreso ha sido omiso ante la crisis que enfrenta el sector desde hace más de una década.
Acusan trato preferencial a empresas monopólicas
De acuerdo con la UTEP, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han favorecido a empresas que califican como monopólicas, entre ellas el sistema RUTA y plataformas digitales como Uber y Didi. Afirmaron que estas empresas reciben respaldo legal, administrativo y presupuestal, lo que genera condiciones de competencia desigual frente a los transportistas tradicionales.
La organización señaló que el sistema RUTA opera en los corredores más rentables del estado y recibe un subsidio gubernamental por kilómetro recorrido, el cual se incrementa anualmente desde 2013 mediante una fórmula que no se aplica a otros prestadores del servicio. En contraste, los transportistas tradicionales mantienen una de las tarifas más bajas del país sin revisión técnica.
Tarifas congeladas y falta de estudios
Además, indicaron que desde hace más de diez años no existe una revisión tarifaria que considere los costos reales de operación, el mantenimiento de unidades ni las necesidades de los usuarios. Esta situación, afirmaron, ha debilitado financieramente al transporte tradicional y ha reducido la calidad del servicio.
La UTEP denunció que desde hace más de ocho años han solicitado la regularización de rutas desaparecidas sin respuesta oficial. Esta omisión, señalaron, mantiene a miles de transportistas en la ilegalidad y propicia actos de corrupción, multas excesivas y operativos con fines recaudatorios.
Bajo este panorama, la organización calificó la situación del sector como un “genocidio económico”, concepto que atribuyen a la UNAM, al considerar que las políticas públicas han afectado deliberadamente la viabilidad financiera del transporte tradicional.
En cuanto al servicio de taxi, la UTEP advirtió una reducción significativa de unidades en la capital y zona conurbada, debido a la sobreoferta de permisos y la expansión de plataformas digitales. Finalmente, plantearon que estas aplicaciones deben ser de origen local y operar bajo permisos regulados por la autoridad estatal.
*ARD
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