Puebla, Pue. Puebla, Pue.– Habitantes de la comunidad indígena náhuatl de San José Zetina, ubicada en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, denunciaron este jueves un operativo de desalojo encabezado por la Policía Estatal. Señalaron que alrededor de 500 elementos participaron en la acción, bajo la orden de “Restitución de Inmueble Provisional de la Ex Hacienda San José Zetina”.
Un operativo que los comuneros consideran desplazamiento forzado
De acuerdo con los pobladores, la orden fue emitida dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-1/0022089/2022, con el objetivo de recuperar un predio de 13.8 hectáreas ubicado en el paraje Santa Rita. Sin embargo, para los comuneros este procedimiento constituye un acto de desplazamiento forzado que vulnera sus derechos humanos.
El representante de la comunidad, Félix Martínez Escalona, afirmó que la acción busca favorecer a la empresa Inmobiliaria VAZUR S.A. de C.V., interesada en construir fraccionamientos y un “santuario”.
La defensa de tierras ancestrales
Martínez Escalona recordó que los terrenos fueron adquiridos en 1937 por su abuelo, Juan Escalona Cordero, a Francisco del Razo. Sin embargo, en 2006 un familiar, Lucio Gabriel Flores Escalona, habría vendido parte de las tierras de manera irregular a la empresa Vértigo, con el respaldo de comisariados ejidales.
Desde entonces, señaló, se han utilizado escrituras presuntamente fraudulentas (volumen 952, instrumento 420235) para legitimar operaciones con inmobiliarias como Vértigo, Vassur y Proyecta.
Un proceso judicial lleno de irregularidades
El caso está radicado en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro. La carpeta de investigación registra los siguientes antecedentes:
Noviembre 2023: nueve personas fueron vinculadas a proceso por despojo; actualmente quedan ocho, tras un acuerdo con VASUR.
Octubre 2024: la audiencia intermedia se suspendió tras denuncias contra el juez Renato Rojas Hidalgo y el Ministerio Público.
Noviembre 2024: el juez Aarón Hernández Chino reabrió el proceso, pero más tarde se recusó.
Diciembre 2024: el caso pasó a manos del juez Salvador Hernández Martínez.
Este último ha citado a tres audiencias intermedias (enero, febrero y marzo de 2025), pero todas fueron suspendidas por problemas técnicos o cambios de defensa. Ante ello, advirtió multas de hasta 250 UMAS (más de 28 mil pesos) por nuevas dilaciones.
Las exigencias de San José Zetina
Los comuneros reiteraron cuatro demandas principales:
Cese del acoso y hostigamiento policial y judicial.
Reconocimiento de sus títulos de propiedad.
Garantías de seguridad e integridad para los habitantes.
Fin de la presunta colusión entre autoridades y empresas inmobiliarias.
Llamado al gobernador Alejandro Armenta
La comunidad pidió la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier, de la sociedad civil y de las organizaciones sociales para frenar lo que califican como un intento de despojo sistemático. “No queremos más hostigamiento ni simulación; pedimos respeto a la ley y a nuestras tierras ancestrales”, subrayaron.
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