Puebla, Pue.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo promovido por la comunidad indígena tsotsil de La Candelaria, localizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el que se exige el reconocimiento legal de su sistema tradicional de autogobierno, denominado jlumaltik Candelaria.
Este modelo de organización fue establecido en noviembre de 2021, a través de una asamblea comunitaria donde los pobladores delegaron a sus autoridades tradicionales la gestión ante instancias estatales y federales para formalizar su autogobierno.
Respaldan legalmente a la comunidad tsotsil
Con el respaldo de la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla, la comunidad ha promovido acciones legales para que tanto el Congreso de Chiapas como el Ayuntamiento de San Cristóbal reconozcan su forma autónoma de gobierno. Asimismo, demandan la entrega proporcional del presupuesto municipal al que tienen derecho.
El expediente fue registrado como Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 119/2025, y su resolución podría marcar un hito en el reconocimiento de los derechos de autonomía, libre determinación y autogobierno de los pueblos originarios.
Posible precedente constitucional
Este caso es el primero impulsado por la Universidad Iberoamericana Puebla que alcanza la Suprema Corte, lo que representa un avance importante en la lucha por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, históricamente marginados en sus demandas frente al Estado mexicano.
Además, abre la discusión sobre el derecho de las comunidades indígenas a recibir y administrar directamente recursos públicos, así como a definir sus propios mecanismos de reconocimiento institucional, diferentes a los de las municipalidades indígenas establecidas por ley.
Un llamado a la perspectiva intercultural
En el contexto de recientes reformas constitucionales al artículo 2º y del proceso de transformación del Poder Judicial, los colectivos académicos que acompañan el caso llamaron a la SCJN a resolverlo con una perspectiva intercultural que fortalezca la autonomía indígena.
También plantearon la necesidad de reconocer un “cuarto orden de gobierno” en México, representado por los gobiernos comunitarios indígenas, como parte de un federalismo más incluyente y respetuoso de la pluralidad cultural del país.
*ARD
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