Ejidatarios cierran la México-Puebla en Tlahuapan para exigir justicia por tierras expropiadas

Santa Rita Tlahuapan, Pue.— Ejidatarios del municipio de Tlahuapan bloquearon este miércoles la autopista México-Puebla, en ambos sentidos, para exigir que el juez de la causa niegue el arraigo domiciliario a Carlos N., ex comisariado ejidal, acusado de negarse a pagar las indemnizaciones correspondientes por la expropiación de sus tierras.

Los manifestantes, propietarios de 22 predios expropiados para la construcción de esta vía federal, señalaron que han esperado por años una resolución favorable, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta de las autoridades competentes.

El cierre comenzó poco después de las 13:00 horas, cuando se desarrollaba una audiencia en la Casa de Justicia de Texmelucan, en la que se valoraba conceder el arraigo domiciliario a Carlos N. Los afectados señalaron al juez de estar dispuesto a otorgar esa medida cautelar, lo que consideraron una injusticia.

“No nos retiraremos hasta que haya una respuesta que nos favorezca y garantice el pago por nuestras tierras”, afirmaron los ejidatarios.

Realizan apertura intermitente tras diálogo con Gobernación

Luego de un acuerdo con la delegación de Gobernación, los manifestantes aceptaron realizar aperturas intermitentes del tránsito. Cada hora, liberan un solo carril en ambos sentidos durante 15 minutos, mientras continúan presionando para que la Fiscalía General del Estado niegue el arraigo domiciliario a Carlos N.

Este acuerdo temporal busca minimizar el impacto vial y permitir el paso de automovilistas de manera controlada.

Autoridades resguardan la zona

• Personal de Gobernación mantiene diálogo con los inconformes para alcanzar una solución definitiva.

• Elementos de la Policía Municipal patrullan la zona para prevenir actos delictivos y proteger a los automovilistas.

• Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) abanderan el área para mantener el orden y la seguridad vial.

El conflicto pone de nuevo sobre la mesa la falta de resolución en casos de expropiación de tierras, así como la exigencia de transparencia en el manejo de recursos ejidales por parte de autoridades comunitarias.

*ARD