Puebla, Pue. El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el local, Marcos Castro Martínez, consideró necesario poner especial atención en el destino de los recursos públicos y revisar de manera puntual en qué y cómo se están utilizando, esto al conocer que se le dio un incremento presupuestal a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Lo anterior para evitar señalamientos sobre presuntos gastos excesivos por parte del titular de la Auditoría Superior del Estado, Germán Reyna y Herrero, como aparente compra de alimentos y otros productos con recursos del órgano fiscalizador.
Castro Martínez destacó que no basta con autorizar recursos adicionales a las dependencias y organismos públicos, sino que también debe existir una revisión permanente sobre el ejercicio del gasto, a fin de garantizar que el dinero se utilice de manera adecuada y conforme a las necesidades institucionales.
En ese sentido, subrayó la importancia de que los organismos encargados de vigilar el uso del dinero público también mantengan claridad y transparencia en sus propias erogaciones, pues la fiscalización debe aplicarse a todas las instituciones sin excepción.
Sostuvo que el análisis presupuestal debe ir acompañado de mecanismos de vigilancia que permitan conocer cómo se distribuyen y ejercen los recursos, evitando gastos injustificados y garantizando que el presupuesto responda a las funciones para las que fue destinado.
Ya pidieron reunión
Por otra parte, el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, solicitará un encuentro con el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Germán Reyna y Herrero, para abordar los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos a empresas proveedoras de servicios electorales.
La petición surge luego de que se dieran a conocer sobre contratos otorgados durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García al frente del Instituto Electoral del Estado (IEE), entre ellos uno relacionado con una presunta expareja de Guadalupe Taddei, mientras fue consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Entre las compañías mencionadas se encuentra Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., que habría recibido un contrato por 129.7 millones de pesos durante 2024. También aparecen Formas Finas, S.A. de C.V., y Corporativo ZEG, S.A. de C.V., empresas señaladas en los reportes sobre adjudicaciones vinculadas con servicios electorales.
Ante este escenario, Pavel Gaspar buscará dialogar con el auditor estatal para conocer los alcances de las revisiones realizadas y determinar si existen observaciones relacionadas con estos procedimientos de contratación.
La intención es que, a través de la instancia fiscalizadora, se pueda revisar la documentación correspondiente y esclarecer los señalamientos sobre el uso de recursos públicos en el organismo electoral.
Hasta el momento, los señalamientos sobre las empresas y los contratos mencionados no constituyen por sí mismos una determinación oficial de irregularidades, por lo que corresponderá a las autoridades fiscalizadoras establecer si existieron incumplimientos en los procesos de adjudicación.
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