Puebla, Pue. El diputado local de Fuerza por México (FxM), Elpidio Díaz Escobar, defendió su intervención en un conflicto del Parque Industrial JINT, pese a la denuncia por presunta extorsión presentada en su contra por el empresario José María Ignacio Alverde Arena.
El legislador, quien también se desempeña como secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), aseguró que no permitirá abusos contra los trabajadores y señaló la existencia de adeudos de hasta nueve millones de pesos que, según su versión, se arrastran desde 2019.
Por su parte, Alverde Arena sostiene que ha sido víctima de acoso e intimidaciones presuntamente encabezadas por Díaz Escobar, motivo por el cual decidió denunciarlo por el delito de extorsión.
Elpidio Díaz defiende su intervención en el Parque Industrial JINT
Elpidio Díaz Escobar explicó que acudió al complejo industrial en su calidad de diputado local, después de recibir en mayo una solicitud del empresario e ingeniero Margarito Amaros, quien pidió su intervención ante un conflicto relacionado con obligaciones pendientes.
De acuerdo con el legislador, el problema se mantiene desde 2019 sin que se haya encontrado una solución para los afectados.
Díaz Escobar precisó que el Parque Industrial JINT es una propiedad privada con acceso restringido, por lo que reconoció la participación de Erika Luz Ramírez Torres, administradora del complejo, quien facilitó el ingreso y, según afirmó, tenía conocimiento de los adeudos señalados.
El congresista indicó que los abogados de las partes involucradas explicarían los antecedentes del conflicto y la situación jurídica de las obligaciones reclamadas.
Reclaman adeudos de hasta nueve millones de pesos desde 2019
El secretario general de CATEM sostuvo que su participación busca impedir que los trabajadores resulten afectados por los adeudos denunciados.
“Jamás como secretario general de la CATEM voy a permitir que a ningún trabajador se le adeude un peso y se le trate de esa manera”, expresó.
El legislador también rechazó que José María Ignacio Alverde Arena desconozca el conflicto, pues aseguró que anteriormente fue convocado a una reunión para abordar los señalamientos.
Según Díaz Escobar, durante ese encuentro el empresario habría utilizado expresiones ofensivas contra quienes acudieron a tratar el asunto.
El diputado cuestionó que Alverde Arena ahora se presente como víctima, al afirmar que en aquella reunión los llamó “muertos de hambre”.
Estas declaraciones corresponden a la versión del legislador y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de los adeudos o de las conductas que atribuye al empresario.
Empresario denuncia presunta extorsión e intimidaciones
En contraste, el empresario José María Ignacio Alverde Arena afirma que ha sido objeto de acoso e intimidaciones por parte de Elpidio Díaz Escobar.
Ante esta situación, presentó una denuncia por el delito de extorsión, relacionada con la intervención del legislador en el conflicto del Parque Industrial JINT.
Entre los señalamientos figura el presunto uso de documentos rotulados con la identidad de la LXII Legislatura del Congreso de Puebla para intimidar a particulares.
Hasta el momento, la información disponible no establece que dicha acusación haya sido acreditada por una autoridad judicial.
El conflicto mantiene enfrentadas dos versiones: la del diputado, quien asegura actuar en defensa de trabajadores afectados por adeudos, y la del empresario, quien sostiene que ha sido víctima de presiones indebidas.
La existencia de una denuncia no determina la responsabilidad penal del legislador, del mismo modo que los adeudos señalados requieren el sustento documental y jurídico correspondiente.
Conflicto laboral llega al ámbito político y judicial
La controversia en el Parque Industrial JINT ha trascendido el ámbito privado debido a la participación de Elpidio Díaz Escobar como diputado local y dirigente sindical.
Mientras el legislador insiste en que su intervención responde a la defensa de derechos laborales, el empresario mantiene sus señalamientos por presuntas intimidaciones.
La explicación de los abogados anunciada por Díaz Escobar podría aportar información sobre las obligaciones reclamadas y los antecedentes del conflicto.
Por ahora, permanecen sin resolverse públicamente tanto los señalamientos sobre los nueve millones de pesos como las acusaciones que dieron origen a la denuncia por extorsión.
*BC
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