Puebla, Pue. La regulación en el uso del casco mantiene en alerta a motociclistas y empresarios, quienes demandan reglas claras antes de que se reactiven las sanciones y advierten que su aplicación sin criterios para visitantes de otros estados podría generar afectaciones a la actividad turística y económica, señaló la Red Mexicana de Franquicias (RMF).
En rueda de prensa el vicepresidente de esta organización, Roberto Esquivel Ruiseco, señaló que las autoridades deben aprovechar este periodo para realizar los análisis técnicos y jurídicos correspondientes, con la participación de todos los sectores involucrados.
Advirtió que uno de los principales puntos a revisar es la situación de los motociclistas que llegan a Puebla procedentes de otros estados de la República, particularmente integrantes de clubes y grupos de bikers que recorren diferentes entidades del país.
Puebla representa un punto importante para este tipo de concentraciones, por lo que la aplicación de multas y sanciones a visitantes que desconocen o no cumplan con las disposiciones locales podría tener repercusiones en la actividad turística y económica.
El empresario también cuestionó la posibilidad de colocar información personal en los cascos de los motociclistas, debido a que la medida podría implicar la exposición de datos como nombre, domicilio, RFC o, en el caso de empresas, la razón social.
Consideró que cualquier mecanismo de identificación debe analizarse cuidadosamente para evitar una posible vulneración de datos personales y de las garantías de los usuarios.
No obstante, sostuvo que existen conductas de riesgo que sí requieren una intervención inmediata de las autoridades de tránsito y vialidad.
Entre ellas se encuentra el traslado de más de dos personas en una motocicleta, así como los casos en los que menores de edad viajan sin casco, situaciones que incrementan las posibilidades de sufrir lesiones graves durante un accidente o una colisión.
También llamó a reforzar la vigilancia sobre motociclistas que realizan maniobras peligrosas entre vehículos en movimiento, particularmente en vialidades de alta velocidad.
Por ello, consideró necesario que antes del 10 de noviembre se establezcan reglas claras, mecanismos de vigilancia transparentes y criterios uniformes para la aplicación de sanciones.