Puebla, Pue. Las conductas consideradas discriminatorias, como las expresadas por las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, como Nadia de la Rosa e Hilda Salvatori, pueden alcanzar penas de hasta tres años de prisión, además de multas económicas.
De acuerdo con el artículo 357 del Código Penal, disposición que contempla sanciones para quienes vulneren derechos, igualdad o dignidad humana por motivos como edad, género, origen, condición social, discapacidad, orientación sexual, religión, ideología política, apariencia u opiniones, entre otros.
El artículo establece una pena general de uno a tres años de prisión, además de una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a un rango de 11 mil 731 a 58 mil 655 pesos, para quien incurra en alguna de las conductas previstas por la legislación.
Entre las acciones que pueden ser sancionadas se encuentran provocar o incitar al odio o la violencia; negar a una persona un servicio o prestación a la que tenga derecho; vejar o excluir a personas o grupos, así como negar o restringir derechos laborales.
La legislación contempla además agravantes cuando el responsable es un servidor público. En estos casos, si la conducta consiste en negar, retardar o condicionar la prestación de un trámite o servicio, la pena de prisión puede incrementarse en una mitad.
Además de la sanción económica y penal, el funcionario puede enfrentar destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo equivalente al tiempo de la pena de prisión.
Existe una sanción todavía mayor para determinados casos ocurridos durante una emergencia sanitaria. Cuando la conducta discriminatoria se comete contra personal médico, de enfermería o profesionales y auxiliares de la salud, ya sea del sector público o privado, la pena puede elevarse a entre tres y seis años de prisión, siempre que se cumplan los supuestos establecidos por la ley.
Denuncias contra diputadas
La existencia de estas sanciones cobra relevancia en el contexto de las denuncias presentadas contra las diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, señaladas por presuntas expresiones discriminatorias contra personas mayores de 45 años.
No obstante, la sola presentación de una denuncia no significa que las legisladoras sean responsables de un delito ni que necesariamente enfrentarán una pena de prisión.
Corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos para iniciar o continuar una investigación y, en su caso, serán las autoridades judiciales las que determinen si los hechos encuadran en alguno de los supuestos previstos por el Código Penal.
Aunque el marco legal contempla hasta tres años de prisión como pena general por determinadas conductas discriminatorias, cualquier eventual responsabilidad penal dependerá de la investigación, de la acreditación de los hechos y de la determinación de las autoridades competentes.
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