Puebla, Pue. La presunta operación de un grupo de personas que se presentan como funcionarios del Ayuntamiento de Puebla encendió las alertas entre comerciantes y vecinos de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, luego de que varios propietarios denunciaron visitas intimidatorias en las que les advertían sobre supuestas irregularidades en sus negocios y les exigían hasta 15 mil pesos para evitar clausuras.
De acuerdo con los testimonios recabados, los supuestos inspectores afirmaban pertenecer a la Dirección de Normatividad Ambiental e Imagen y a la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, dependencias desde las cuales realizaban revisiones relacionadas con el uso de suelo, permisos de funcionamiento y medidas de protección civil.
Los afectados señalaron que las visitas resultaron sospechosas desde el inicio, ya que nunca fueron notificados sobre un operativo oficial de verificación. Aunque los individuos portaban chalecos y mostraban credenciales aparentemente expedidas por el Ayuntamiento de Puebla, se trasladaban en vehículos particulares y no contaban con unidades oficiales ni otros elementos que permitieran confirmar su identidad.
Según las denuncias, durante las inspecciones advertían a los propietarios que sus establecimientos podrían ser clausurados por presuntas irregularidades administrativas.
Posteriormente, les ofrecían evitar las sanciones a cambio de pagos que alcanzaban los 15 mil pesos, lo que los comerciantes consideran un presunto acto de extorsión.
Exigen investigar
Ante esta situación, los locatarios solicitaron al gobierno municipal informar de manera oficial si existe algún operativo de inspección en Santa María Xonacatepec y, en caso contrario, investigar la posible actuación de falsos funcionarios para evitar que más comerciantes sean víctimas de fraudes, intimidaciones o cobros ilegales.
Las denuncias surgen en un contexto de creciente inconformidad del sector empresarial por la forma en que se realizan las verificaciones a establecimientos en la capital poblana.
Recientemente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, José Juan Sánchez Martínez, denunció que durante inspecciones oficiales algunos servidores públicos habrían solicitado "mordidas" de entre 3 mil y 14 mil pesos para evitar clausuras o sanciones administrativas.
A estas acusaciones también se sumó la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Apresac), que denunció hostigamiento por parte de autoridades municipales y estatales.
De acuerdo con el organismo, estas prácticas habrían derivado en el cierre de al menos 35 establecimientos, al asegurar que varios negocios fueron clausurados sin notificaciones previas ni opciones para regularizar su situación.
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