Puebla, Pue. La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, consideró que una revocación de mandato, como la que están promoviendo regidores de Acatlán de Osorio contra la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas, representa una decisión de alto impacto para la gobernabilidad municipal.
Por lo que pidió evitar que estos procesos se conviertan en disputas políticas y garantizar que cualquier determinación esté basada en pruebas y en el marco jurídico vigente, de lo contrario reiteró que los conflictos político-municipales pueden derivar en procesos fuera de la ley.

Poco tiempo de revisión
Señaló que el Congreso de Puebla deberá revisar el caso conforme a sus atribuciones y con base en la documentación que presenten los inconformes a más tardar el próximo 13 de junio.
A tiempo recordó que existen autoridades encargadas de investigar posibles irregularidades administrativas o hechos que pudieran constituir delitos, como la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Suriano Corrales sostuvo que este tipo de procedimientos deben abordarse con responsabilidad, debido a que involucran la estabilidad de los gobiernos municipales y la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía.
La representante de MC insistió en que la revisión del expediente deberá estar alejada de intereses partidistas y enfocarse en determinar si existen elementos suficientes para continuar con el proceso correspondiente dentro de las atribuciones del Congreso de Puebla.
La diputada emecista adelantó que el Congreso revisará la solicitud una vez que los regidores presenten la información correspondiente, aunque recordó que la resolución dependerá también de la intervención de las autoridades competentes en cada materia.
Cabildo de Acatlán
Hay que recordar que fue el pasado 8 de junio cuando los integrantes del Cabildo de Acatlán aprobaron iniciar la revocación de mandato de su presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas, por:
- Irregularidades en gastos
- Opacidad
- Abuso de poder
En esa sesión fue la regidora presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Juliana Isabel Jiménez Velázquez, quien dio a conocer una larga lista de irregularidades cometidas por la edil.
Asimismo, se informó la disparidad salarial entre regidores, pues Bárcenas cobra más de 80 mil pesos al mes, mientras que los regidores sólo 20 mil pesos, además de la falta de transparencia, ausencia de espacios de trabajo para los regidores y el hartazgo ciudadano.
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