Puebla, Pue. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, criticó que la suspensión de clases es cada vez más continua, lo que da paso a querer modificar el calendario escolar.
Propuso que cada ajuste al Calendario Escolar sea con fundamento claro, sustentado con dictámenes técnicos públicos y con medidas compensatorias.
“Cada día de clases que se pierda aumenta el rezago educativo, amplía las desigualdades, esto especialmente a quienes no tienen acceso a clases particulares, internet o algún apoyo adicional en casa. No se trata de suspender clases por suspender, no tienen que ser los que paguen las consecuencias de malas decisiones”, dijo la priista.
Por lo anterior, Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Puebla para establecer reglas claras ante suspensiones de clases o modificaciones extraordinarias al calendario escolar.
La propuesta busca que cualquier reducción, suspensión o ajuste al ciclo escolar esté debidamente justificado, explicado públicamente y acompañado de medidas reales para recuperar el aprendizaje perdido de niñas, niños y adolescentes.
Razón justificada
Reiteró que la iniciativa plantea que, antes de realizar cambios extraordinarios al calendario escolar, la autoridad educativa estatal deba emitir un dictamen técnico público donde explique las razones pedagógicas, sanitarias, climáticas o de Protección Civil que motivan la decisión, así como el impacto que tendría en el aprovechamiento escolar.
Asimismo, propone que las autoridades implementen medidas compensatorias obligatorias para evitar afectaciones al tiempo efectivo de aprendizaje, entre ellas programas de regularización, acompañamiento académico para estudiantes rezagados, ajustes pedagógicos complementarios y estrategias de coordinación con las escuelas para garantizar la continuidad educativa.
La legisladora destacó que esta reforma no invade facultades federales ni pretende politizar el tema educativo sino fortalecer la certeza jurídica y garantizar que el interés superior de la niñez sea prioridad en cualquier decisión relacionada con las clases y el calendario escolar.














