Puebla, Pue.– El estado de Puebla se consolida como un referente en la defensa de los derechos animales en Puebla, donde organizaciones civiles han intensificado acciones legales y campañas para erradicar prácticas como la experimentación científica y la tauromaquia.
El movimiento PETA Latino reiteró su rechazo a las pruebas en animales y llamó a acelerar la adopción de métodos alternativos. Su director, Gabriel Ochoa Pérez, afirmó que existen investigaciones que permiten hacer ciencia sin causar daño, además de advertir que estos ensayos tienen una tasa de fallo cercana al 90 por ciento.
En Puebla, el debate ha tomado relevancia por la Prueba de Nado Forzado en Puebla, que activistas aseguran aún se realiza en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Ante la falta de respuesta institucional, organizaciones como el Movimiento Animalista de Puebla y “En Su Piel” promovieron un amparo. Como resultado, la práctica se encuentra suspendida mientras se resuelve el proceso judicial.

Retos legales y participación ciudadana
La activista Leticia Gallardo Tovar subrayó que uno de los principales retos es fortalecer el marco jurídico para reconocer a los animales como sujetos de especial protección.
Asimismo, señaló la necesidad de crear una fiscalía especializada en delitos contra animales. En paralelo, destacó que la denuncia ciudadana es clave para atender casos de maltrato animal en Puebla, como aquellos en los que perros permanecen en azoteas.

A pesar de los desafíos, Puebla ha registrado avances importantes. Desde 2022, resoluciones judiciales han permitido suspender corridas de toros en municipios como Zacatlán, Teziutlán y la capital.
Además, en San Martín Texmelucan se aprobó la prohibición del uso de caballos en la recolección de basura, medida que aún espera su publicación oficial.

Puebla, clave en agenda nacional
Los activistas señalaron que el Poder Judicial ha sido un aliado en la defensa de los derechos animales en México, ante la falta de avances legislativos.
Finalmente, recordaron que la reforma constitucional de 2024 obliga al Estado a garantizar el bienestar animal. En este contexto, Puebla se posiciona como un escenario clave en la transformación de la agenda animalista nacional.
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