Puebla, Pue. El diputado local, Miguel Trujillo de Ita, busca la aprobación de su iniciativa, en la que propone endurecer las sanciones contra custodios y directores que faciliten el ingreso de teléfonos celulares a los Centros Penitenciarios, con penas que podrían alcanzar hasta 8 y 12 años de prisión.
El morenista, representante del Distrito 12 de Amozoc, explicó que la propuesta legislativa busca atacar uno de los principales problemas al interior de los penales en la entidad: la operación de redes de extorsión que son coordinadas desde el interior de los Centros de Reinserción Social (CERESO), donde las Personas Privadas de la Libertad (PPL) utilizan dispositivos móviles para instalar verdaderos “call centers” del delito.
Trujillo de Ita señaló que, aunque en los centros penitenciarios se han instalado inhibidores de señal para evitar el uso de celulares, en muchos casos estos no funcionan de manera adecuada, situación que atribuyó a posibles omisiones o complacencia de algunos directivos y personal encargado de la vigilancia.
“Han existido los inhibidores de señal para los dispositivos; en muchas ocasiones no funcionan debido a la complacencia de los directivos de los Centros Penitenciarios”, señaló el legislador al justificar la necesidad de reforzar el marco legal.
Proponen reformas al Código Penal de Puebla
La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal del Estado de Puebla, mediante adiciones a los artículos 292 TER y 292 QUATER, con el objetivo de establecer responsabilidades claras para quienes incurran en estas prácticas.
En el caso de los custodios que permitan el ingreso de teléfonos celulares a los penales, la propuesta plantea sanciones de 4 a 8 años de prisión. Mientras que para los directivos que autoricen o toleren la introducción de estos dispositivos, así como la falta de operación de los inhibidores de señal, las penas podrían elevarse de 6 a 12 años de cárcel, además de una inhabilitación de hasta 10 años para ejercer cargos en el servicio público.
Buscan frenar la extorsión desde los penales
El legislador subrayó que el objetivo central de esta reforma es reducir los índices de extorsión que se originan desde los centros penitenciarios, una problemática señalada de forma recurrente por autoridades de seguridad y víctimas, y que ha impactado en la percepción de seguridad en diversas regiones del estado.
La propuesta continúa en análisis dentro del Congreso local, donde se espera que sea discutida en comisiones antes de su eventual dictaminación.
*BC
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