Puebla, Pue. La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, informó que será el Órgano Interno de Control el que resolverá la sanción a la que serán acreedores el secretario general del Congreso del Estado de Puebla, Julio Leopoldo de Lara Varela y el director jurídico, Jesús Juárez.
Lo anterior por la grave falla y omisión en la que incurrieron al omitir y actuar con dolo ante la Controversia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma a la Constitución local en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Fedrha Suriano indicó que el Órgano Interno de Control tendrá que agotar el derecho de audiencia, para que en esa mesa la diputada local panista, Susana Riestra Piña, presente las pruebas, al ser quien pide la destitución de ambos personajes por la omisión en la que incurrieron.
Suriano Corrales expuso que este es un procedimiento largo, ya que se trata de hacer un análisis completo y sustentado en las pruebas, por lo que no necesariamente quedaría desahogado en este periodo de receso.
“Son audiencias que el Órgano Interno de Control tendrá que ver, tendrá que resolver, como autoridad, sobre la sanción que van a tener, de acuerdo no sólo a la denuncia sino a las pruebas ofrecidas por parte del denunciante, y por parte de los que pongan su defensa”, dijo.
Insisten en destituciones
El 12 de marzo, se hizo la primera petición de remoción, este miércoles, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, reiteró su solicitud para que el secretario general del Congreso del estado de Puebla, Julio Leopoldo de Lara Varela y el director jurídico, Jesús Juárez, sean destituidos.
En julio de 2025 se hicieron las reformas para expedir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales. Estas reformas no fueron acompañadas del PAN por considerarlas “parches legislativos”.
El 11 de septiembre de 2025, la presidencia de la República a través de la Consejería Jurídica presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional, impugnando los artículos de las reformas locales. Iniciando un litigio constitucional por invadir competencias exclusivas de la Federación en manos de la LXII Legislatura.
El Congreso del estado fue requerido por la SCJN dentro del trámite de la Controversia Constitucional 217/2025 y contestó dicho reporte desde el área jurídica del Legislativo como lo marca la normativa.
Pero el problema radica, en que esta área del Congreso local nunca informó a los 41 diputados del proceso que llevaba esta controversia, entre el 11 de septiembre y 9 de marzo se presentó, llegó y se contestó una demanda de la SCJN en nombre del Poder Legislativo, pero sin informar nada al propio órgano.
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