Puebla, Pue- A casi ocho años de la desaparición de Nadia Guadalupe Morales Rosales, ocurrida en octubre de 2017 cuando tenía 17 años, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Puebla resolverá el amparo directo 142/2025 relacionado con el caso. Ante esta etapa judicial, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla pidió al Poder Judicial de la Federación garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia.
Un caso que sigue en búsqueda de justicia
La desaparición de la joven ocurrió después de que abordó transporte público para dirigirse a su escuela. Desde entonces, su familia ha impulsado diversas acciones legales con el objetivo de que el caso sea investigado con debida diligencia y bajo un enfoque de derechos humanos.
Durante estos años, los familiares han señalado que el proceso ha sido largo y complejo. Sin embargo, también han insistido en que las autoridades mantengan abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido con la adolescente.
Además, organizaciones y especialistas han acompañado el caso para reforzar la exigencia de justicia. Por ello, la resolución del amparo se considera un momento clave dentro del proceso judicial.
La apelación que cambió el rumbo del proceso
En 2025, tras varios años de litigio, una apelación promovida por la familia permitió que se estableciera la responsabilidad penal por el delito de desaparición cometida por particulares.
Con esta resolución, el tribunal revirtió una sentencia de primera instancia que había absuelto al acusado. Este cambio representó un avance importante para el caso, pues permitió reconocer elementos que anteriormente no habían sido considerados.
Asimismo, la determinación se sustentó en diversas pruebas que ayudaron a reconstruir el contexto de la desaparición.
IBERO Puebla llama a un análisis con enfoque de derechos
La Clínica Jurídica Minerva Calderón solicitó a las personas magistradas analizar el caso considerando el contexto de desapariciones en México y las dificultades probatorias que suelen enfrentar este tipo de delitos.
De acuerdo con la institución, la apelación fue resuelta a partir de pruebas circunstanciales, peritajes en antropología social y psicosocial, así como análisis de contexto que permitieron entender mejor los hechos.
Finalmente, la clínica recordó que las autoridades tienen la obligación de investigar y sancionar las desapariciones contra niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género e interseccionalidad, además de garantizar la reparación integral para las víctimas indirectas.
*ARD
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