Puebla, Pue.- El presidente del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, convocó a quienes hoy ocupan un cargo público a conducirse con congruencia y evitar enviar mensajes equivocados a la ciudadanía, luego de la polémica generada por la delegada de Bienestar en la región 14, Natalia Suárez, señalada por realizar una fiesta lujosa.
Durante su posicionamiento, el legislador apeló a ediles, diputados, delegados y funcionarios de gobierno a ser congruentes entre su forma de vida y su función pública. Señaló que, de lo contrario, las familias perciben señales contrarias a los principios que se promueven desde el servicio público, especialmente en gobiernos que se definen como cercanos a la gente.
Principios de la Cuarta Transformación
Pável Gaspar recordó que quienes forman parte de un gobierno humanista de la Cuarta Transformación deben conducirse bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar, además de mantener cercanía con el pueblo y priorizar a los sectores más vulnerables. Afirmó que la congruencia debe ser el proceder cotidiano de todos los integrantes del movimiento.
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local reconoció que algunos servidores públicos pueden heredar recursos económicos importantes. Sin embargo, aclaró que cuando se ejerce una responsabilidad dentro de un gobierno que promueve la austeridad, es indispensable actuar con coherencia y respeto a los principios que se representan.
Polémica por festejo de cumpleaños
La controversia se originó luego de que Natalia Suárez, delegada de la Secretaría de Bienestar en Puebla, celebró su cumpleaños número 34 con una fiesta captada en grabaciones difundidas en redes sociales, donde se observa el derroche de bebidas alcohólicas presuntamente de alto costo. Este comportamiento fue señalado como contrario a la política de austeridad de la 4T.
Ante esta situación, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo aseguró que la funcionaria es víctima de un linchamiento mediático. Aunque admitió no conocerla personalmente, consideró que asociaciones y colectivos feministas deberían pronunciarse a su favor, al estimar excesivas las críticas por la celebración privada.
El caso abrió un debate público sobre la conducta de funcionarios encargados de operar programas sociales, especialmente en regiones donde la Secretaría de Bienestar atiende a familias en situación de pobreza, lo que refuerza el llamado a la congruencia en el ejercicio del servicio público.
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