Puebla, Pue- La próxima discusión de la Ley Inmobiliaria del Estado de Puebla en el Congreso local permitirá establecer mecanismos para frenar los fraudes inmobiliarios que ponen en riesgo el patrimonio de miles de familias, afirmó César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE).
De acuerdo con el dirigente, la iniciativa contempla la actualización del Registro Público de la Propiedad y una vigilancia más estricta de las operaciones inmobiliarias. Estas medidas, señaló, buscan reducir los vacíos legales que hoy facilitan delitos y conflictos entre compradores y vendedores.
Registro Público moderno para mayor certeza jurídica
Bonilla Yunes recordó que la modernización del Registro Público fue una solicitud planteada directamente al gobernador del estado, quien asumió el compromiso de impulsar este proceso durante el presente año, en coordinación con la nueva legislación inmobiliaria.
Además, indicó que un sistema actualizado permitiría eliminar las dobles partidas registrales, uno de los principales problemas que generan litigios prolongados. Por ello, sostuvo que la reforma representa una oportunidad para mejorar la seguridad jurídica en el sector.
Miles de asesores sin certificación
En tanto, Carolina León, presidenta del sector inmobiliario del COE, reveló que en la zona metropolitana de Puebla operan aproximadamente 8 mil supuestos asesores inmobiliarios, pero solo 2 mil cumplen con los requisitos legales y fiscales.
Asimismo, advirtió que muchos intermediarios no cuentan con identificación, domicilio fiscal ni registro ante el SAT, a pesar de manejar documentos de alto valor. En consecuencia, destacó la necesidad de que los asesores formen parte de asociaciones reconocidas, lo que facilita su supervisión.
Padrón oficial y control digital
Bonilla Yunes consideró indispensable que la Secretaría de Economía participe en la creación de un padrón inmobiliario estatal, con el cual se pueda identificar a quienes ofertan inmuebles en plataformas digitales. De esta manera, explicó, se podría exigir el retiro de anuncios irregulares.
Finalmente, los representantes empresariales señalaron que también se requiere auditar al Poder Judicial cuando existan resoluciones atípicamente rápidas, a fin de prevenir abusos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
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