Puebla, Pue.– Integrantes del colectivo nacional No Más Presos Inocentes denunciaron que al menos medio centenar de personas permanecen privadas de la libertad en Puebla, luego de ser víctimas de la presunta fabricación de delitos de alto impacto y del fuero federal, entre ellos narcomenudeo, robo de hidrocarburos, trata de personas y secuestro.
De acuerdo con el colectivo, estas personas fueron detenidas en procesos que presentan múltiples irregularidades, las cuales, aseguraron, vulneran el debido proceso y los derechos humanos. Además, señalaron que estas prácticas se han repetido de manera sistemática en diversos casos.
Expedientes con sentencias y penas desproporcionadas
Los integrantes informaron que hasta el momento se han documentado alrededor de 30 expedientes, de los cuales el 50 por ciento ya cuenta con sentencia condenatoria. Asimismo, indicaron que las penas impuestas van de los 10 a los 55 años de prisión, lo que calificaron como sanciones excesivas derivadas de procesos judiciales irregulares.
Mientras la fiscal Idamis Pastor (@idamis35) comparece ante el Pleno del @CongresoPue, un grupo de personas del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se manifiesta pic.twitter.com/fTpCJh3ifE
— Berenice Martínez (@bereymar) January 21, 2026
Según los denunciantes, estas condenas se dictaron sin pruebas contundentes y con carpetas de investigación deficientes, lo que ha afectado de forma directa a las familias de las personas encarceladas.
Familiares de las personas privadas de la libertad acudieron este miércoles al Congreso del Estado de Puebla, donde realizaron una manifestación pacífica para solicitar la intervención de las autoridades estatales y del Poder Legislativo.
Durante la protesta, exigieron la reapertura de los casos y la revisión exhaustiva de las carpetas de investigación, las cuales calificaron como falsas y fabricadas. Además, pidieron que se garantice un análisis imparcial de cada expediente.
Señalan detenciones arbitrarias e irregularidades
Los manifestantes denunciaron detenciones arbitrarias, inconsistencias en la integración de las carpetas y la ausencia de pruebas sólidas. Sin embargo, afirmaron que estas anomalías han sido ignoradas por las autoridades encargadas de impartir justicia.
Finalmente, el colectivo reiteró su llamado para que se garantice el debido proceso, se respeten los derechos humanos y se erradiquen las prácticas de fabricación de delitos dentro del sistema de justicia.
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