Puebla, Pue.- Ante el incremento de fraudes financieros y casos de suplantación de identidad asociados al robo o extravío de teléfonos celulares, Scotiabank México emitió una serie de recomendaciones dirigidas a usuarios de banca móvil, con el objetivo de fortalecer la seguridad digital y reducir la exposición a delitos financieros.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 69 por ciento de la población en México utiliza aplicaciones bancarias para realizar operaciones cotidianas. Por ello, el teléfono celular se ha convertido en un punto clave de acceso a información financiera sensible, lo que incrementa el impacto de una vulneración de seguridad.
Falta de protección eleva el riesgo de fraude
La institución financiera advirtió que, cuando los dispositivos móviles no cuentan con mecanismos adecuados de protección, el riesgo de fraudes aumenta de manera considerable. En consecuencia, el acceso no autorizado a aplicaciones bancarias puede derivar en transferencias indebidas, cargos no reconocidos y robo de identidad.
Además, Scotiabank señaló que muchos usuarios subestiman la importancia de proteger su información digital, lo que facilita el actuar de grupos delictivos especializados en delitos cibernéticos.
Medidas clave para prevenir delitos financieros
En este contexto, Scotiabank México compartió cinco medidas fundamentales para reducir riesgos financieros. Entre ellas destaca la activación de autenticación biométrica, como huella digital o reconocimiento facial, así como la habilitación de funciones de rastreo, bloqueo y borrado remoto del dispositivo.
Asimismo, recomendó evitar el almacenamiento de contraseñas, datos bancarios o códigos de acceso en notas, mensajes o correos electrónicos. De igual forma, subrayó la importancia de utilizar doble factor de autenticación en aplicaciones financieras y servicios digitales.
Reporte inmediato ante robo o pérdida
Finalmente, el banco enfatizó que, ante el robo o extravío del teléfono celular, el usuario debe notificar de inmediato a su institución financiera. Esta acción permite activar protocolos de protección, monitoreo y prevención de operaciones no reconocidas, limitando posibles afectaciones económicas.
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