Puebla, Pue.– La universalidad de los derechos humanos establece que estos no son otorgados por los gobiernos, sino reconocidos a todas las personas por su dignidad humana. Sin embargo, persiste una brecha entre lo que marcan las leyes y su aplicación en la vida cotidiana, especialmente en contextos de desigualdad, violencia y exclusión social, advirtió Livia Bastos Andrade, profesora de la Facultad de Filosofía de la UPAEP.
En el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la académica explicó que los derechos humanos no deben entenderse solo como disposiciones jurídicas. Por el contrario, afirmó que constituyen una práctica social que requiere participación ciudadana, educación continua y compromiso colectivo para que puedan ejercerse de manera efectiva.
La Declaración Universal y su impacto global
Bastos Andrade recordó que la Declaración Universal fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París, tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El documento, integrado por 30 artículos, sentó las bases del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Aunque la Declaración no es jurídicamente vinculante, explicó que dio origen a más de 70 tratados internacionales que sí obligan legalmente a los Estados que los han ratificado, fortaleciendo así el marco de protección a nivel global.
En el caso de México, la académica destacó avances relevantes, como la reforma constitucional de 2011, que otorgó rango constitucional a los derechos humanos y estableció la obligación de todas las autoridades de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.
Asimismo, subrayó que el país ha ratificado instrumentos internacionales clave, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Retos persistentes en su implementación
No obstante, advirtió que persisten desafíos importantes en su aplicación real, particularmente en temas relacionados con violencia, desapariciones, migración, sistema penitenciario, salud, educación y derechos de los pueblos indígenas.
Entre los indicadores preocupantes, mencionó la baja confianza ciudadana, que ronda el 35%, así como el incremento de quejas por presuntas violaciones a los derechos de mujeres, niñas, niños y personas migrantes.
Responsabilidad compartida
Finalmente, Bastos Andrade enfatizó que la protección de los derechos humanos no es exclusiva del Estado. Por ello, llamó a fortalecer la participación de la sociedad civil, las universidades y la ciudadanía para consolidar una cultura de respeto a la dignidad humana.
*ARD
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