Puebla, Pue.– Trabajadores y derechohabientes del ISSSTE en Puebla denunciaron presuntos cobros irregulares por la realización de trámites que, conforme a la normatividad del Instituto, deberían ser totalmente gratuitos. De acuerdo con los inconformes, estas prácticas se habrían permitido desde la llegada del actual subdelegado de Prestaciones, Carlos Vladimir Hernández Frías.
Desde principios de año, usuarios y personal del Instituto han presentado quejas sin que, hasta el momento, exista una respuesta institucional. Además, señalaron que los cobros se realizan de forma recurrente, lo que ha generado inconformidad entre quienes acuden a realizar gestiones administrativas.
Señalamientos contra el subdelegado de Prestaciones
Derechohabientes también cuestionaron el perfil profesional del funcionario, al considerar que su formación académica no corresponde con las funciones que desempeña dentro del área de Prestaciones del ISSSTE. No obstante, afirmaron que, pese a los señalamientos, Hernández Frías se mantiene en el cargo sin observaciones públicas por parte de las autoridades.
Asimismo, trabajadores del Instituto confirmaron la existencia de estas prácticas y señalaron que se han documentado internamente sin que se haya iniciado un procedimiento correctivo.
Cambios internos y nuevas asignaciones
Como parte de las modificaciones implementadas por el subdelegado, personal del ISSSTE denunció que se retiró de las ventanillas de otorgamiento de préstamos a empleados con mayor antigüedad. En su lugar, dichas funciones fueron asignadas a trabajadores de reciente ingreso, quienes recibieron nuevas claves de acceso a los sistemas institucionales.
De acuerdo con los denunciantes, estos cambios facilitaron la continuidad de las irregularidades, ya que no se reforzaron los mecanismos de control ni supervisión.
Llamado a investigar las denuncias
Finalmente, trabajadores y derechohabientes señalaron que el funcionario presume cercanía con el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, lo que, aseguran, ha dificultado la intervención de instancias superiores.
Por ello, exigieron una investigación formal que garantice el respeto a los derechos de los usuarios y el manejo transparente de los recursos del Instituto.
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