Puebla, Pue– La Coparmex respaldó la creación de la Ley General contra la Extorsión, al considerar que unifica criterios, incrementa sanciones y mejora la coordinación nacional. Aunque celebró este avance, advirtió que aún es necesario contar con un marco jurídico integral que frene la expansión del delito en todo el país y garantice estabilidad social.
En su comunicado, el organismo afirmó que la nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad. Además, destacó que refuerza la actuación de autoridades frente a uno de los delitos con mayor impacto económico y social.
Impacto económico y cifra negra
Según datos de la confederación, aun sin incluir la cifra negra —estimada en 97% de casos no denunciados— cada día se reciben 31.3 denuncias de extorsión. Solo en 2024 las pérdidas superaron los 21 mil millones de pesos. Sin embargo, el impacto real sería mayor, pues las cifras oficiales solo registran reportes formalmente denunciados.
Con base en la herramienta DataCOPARMEX, el organismo añadió que 12.8% de sus socios ha sido víctima del delito, principalmente mediante llamadas telefónicas, que representan el 70.5% de los casos.
Recomendaciones para una implementación efectiva
La Coparmex aseguró que la nueva Ley será efectiva únicamente si se aplican tres acciones: asegurar presupuesto suficiente, capacitar a policías, fiscalías y jueces en el nuevo marco jurídico, y promover que gobiernos locales homologuen sus legislaciones para lograr una operación coordinada a nivel nacional.
La minuta incorpora sanciones más severas, que van de 15 a 20 años de prisión y pueden llegar hasta 30 años en casos agravados. También incluye mecanismos de protección como resguardo de identidad, imagen y voz de víctimas mediante tecnologías especializadas, además de integrar una perspectiva de género.
Medidas en centros penitenciarios
Otro punto clave es la obligación de instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles, con el fin de frenar extorsiones originadas desde cárceles.
Finalmente, la Coparmex reiteró su disposición para colaborar con el Poder Legislativo y autoridades de seguridad en la construcción de una reglamentación clara que brinde certeza a víctimas y evite interpretaciones discrecionales.
*ARD
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