Puebla, Pue- Un total de 20 organizaciones civiles expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno de Puebla para legalizar los arrancones y permitir su realización en espacios controlados. Señalaron que, incluso en áreas delimitadas, conducir a alta velocidad representa riesgos y normaliza conductas contrarias a la seguridad vial, por lo que pidieron frenar cualquier iniciativa que incentive esta práctica.
Colectivos llaman a rechazar la propuesta estatal
En un comunicado, agrupaciones como Árboles Patrimoniales de Puebla, Manada Cultura de Paz, Periferia Verde, Colectiva BS, Ciudad Activa, Mejor Transporte Público para Puebla y Puebla Vigila solicitaron al gobernador Alejandro Armenta Mier, al coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, y al líder del Congreso local, Pavel Gaspar, rechazar la iniciativa. Subrayaron que la conducción temeraria no debe promoverse desde el Estado.
Además, afirmaron que la propuesta contradice principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual obliga a reducir riesgos como el exceso de velocidad y priorizar la integridad de las personas.
Automovilismo profesional exige controles estrictos
Posteriormente, las organizaciones recordaron que el automovilismo profesional requiere altos niveles de especialización. Explicaron que estas competencias exigen inspecciones técnicas, mantenimiento preciso, capacitación certificada, revisiones de llantas, frenos y luces, así como pruebas de alcohol previas a cada competencia. Sin embargo, advirtieron que la propuesta estatal no contempla estos requisitos ni las responsabilidades civiles que implican los eventos de aceleración.
Asimismo, señalaron que legalizar los arrancones enviaría un mensaje equivocado en un estado donde la velocidad continúa siendo un factor crítico en los hechos viales registrados cada año.
Las organizaciones enfatizaron que no existe evidencia que respalde la idea de que regular estas actividades disminuya las carreras clandestinas. Incluso, experiencias nacionales e internacionales muestran que los espacios controlados pueden incentivar comportamientos temerarios fuera de ellos, además de requerir infraestructura especializada que no está considerada en la estrategia del gobierno.
Acciones prioritarias sugeridas por los colectivos
Finalmente, rechazaron la posibilidad de usar recursos públicos para construir infraestructura destinada a estas actividades y propusieron cuatro acciones prioritarias:
Reforzar operativos de control de velocidad y alcoholímetro.
Invertir en infraestructura vial segura.
Implementar licencias graduales y exámenes prácticos.
Mejorar la atención a víctimas de hechos de tránsito.
*ARD
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