Puebla, Pue- El Congreso del Estado de Puebla dio entrada a una serie de reformas legales impulsadas por el Ejecutivo estatal, que incluyen modificaciones a la Constitución Política del Estado, cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la expedición de una nueva Ley de Seguridad Pública. La propuesta fue presentada por José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier.
Reforma constitucional pasa a comisión de Gobernación
La primera parte del paquete legislativo plantea reformar el artículo 117 de la Constitución local. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, instancia responsable de revisar los ajustes estructurales al marco jurídico estatal. Aunque el documento no fue explicado en detalle, se adelantó que forma parte de un proceso más amplio de actualización institucional. Además, se prevé que la discusión se concentre en fortalecer la organización y funcionamiento del gobierno estatal.
Asimismo, el Congreso recibió la iniciativa que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Orgánica de la FGE. El análisis quedó en manos de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que evaluará si los cambios mejoran la estructura interna, los procesos de investigación y las atribuciones de la Fiscalía. Además, se espera que el estudio determine la capacidad de la propuesta para modernizar la operación institucional.
Nueva Ley de Seguridad Pública va a comisión especializada
El paquete legislativo también contempla expedir una nueva Ley de Seguridad Pública, iniciativa turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Esta propuesta busca actualizar la normativa en materia de coordinación policial, distribución de competencias, protocolos operativos y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Incluso, el Ejecutivo estatal señaló que las modificaciones permitirían armonizar las leyes poblanas con el modelo federal para fortalecer la prevención y respuesta ante delitos.
Con la entrada de las iniciativas, el Congreso dio inicio al proceso parlamentario que requerirá análisis especializado, dictámenes y posteriores votaciones. Las comisiones deberán revisar a detalle cada propuesta, mientras que el Pleno determinará los alcances finales de la actualización jurídica del estado.
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