Puebla, Pue. El presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que antes de legislar una reforma electoral, los partidos políticos son los responsables de supervisar que tipo de perfiles postulan como candidatos para evitar que estos estén ligados al crimen organizado.
Sostuvo que por principio la Constitución establece candados claros en este aspecto electoral, como el que se tendrá en el 2027 donde se renovarán los 217 alcaldes del estado de Puebla.
Pável Gaspar sostuvo que el cuidado principal para evitar estas postulaciones conflictivas por su relación con grupos delincuenciales recae en los partidos políticos, “es un tema de conciencia y fondo” para revisar en realidad la trayectoria de los perfiles que se van a proponer.
“Hay que hacer un trabajo de conciencia, de quienes están al frente de los partidos políticos, ellos proponen a las personas, como candidatos, se deben tener mesas de trabajo abiertas”, dijo.
Incluso, abrió la posibilidad de que quienes propongan a candidatos, sean el mismo Ejecutivo, la sociedad, de los partidos, de los mismos diputados, para que se puedan tener hombres y mujeres como representantes honestos.
Gaspar Ramírez llamó a cuidar estos aspectos, para que quienes sean futuros candidatos pensando en la elección que se tendrá en el 2027, sean personas con “ética” para que se dediquen a trabajar.
En marzo, el gobernador morenista, Alejandro Armenta Mier, exhortó a los legisladores locales a modificar las normas electorales con el propósito de garantizar que los aspirantes a cargos de elección popular no mantengan vínculos con grupos delictivos.
El mandatario destacó la importancia de fortalecer los filtros legales sin vulnerar los derechos políticos de los ciudadanos.
“Invito a los legisladores, para que sin atropellar el derecho de votar y ser votado, se establezcan requisitos en la ley electoral local que garanticen que quienes aspiran a un cargo público cuenten con una conducta probada y estén ajenos a cualquier tipo de relación con grupos delictivos”, expresó.
Armenta Mier subrayó que esta propuesta busca blindar los procesos electorales y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, evitando que el crimen organizado tenga injerencia en la vida política del estado.














