Coparmex rechaza reforma a la Ley de Amparo por considerarla un retroceso para México

Puebla, Pue. — La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su rechazo a la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que representa un retroceso histórico que amenaza los principios del Estado de Derecho, la libertad y la dignidad humana.

A través de un pronunciamiento público, el organismo señaló que esta modificación debilita la independencia judicial y subordina la justicia al poder político, lo que coloca al Estado por encima de la persona. Con ello, afirmaron, se afecta la función esencial del amparo como herramienta de defensa frente a actos de autoridad.

Preocupación por la autonomía de los jueces

La Coparmex explicó que la reforma es ambigua en materia de retroactividad y distorsiona la esencia del juicio de amparo. Históricamente, este instrumento ha servido para restituir derechos vulnerados y suspender actos de autoridad.

“Nos preocupa que se limite la capacidad del juez para proteger los derechos humanos en nombre del ‘orden público’. Esto debilita el contrapeso judicial y reduce la protección efectiva de las personas”, señaló el organismo.

Riesgos para la democracia constitucional

El nuevo mandato legal obliga a los jueces a priorizar el orden público, incluso cuando existan conflictos entre derechos fundamentales. Para Coparmex, esta disposición resta autonomía al Poder Judicial y rompe el equilibrio entre poderes, piedra angular de la democracia mexicana.

“El Juicio de Amparo nació como refugio del ciudadano frente al poder. Hoy ese equilibrio se altera y el juez pierde su papel como garante de la justicia”, enfatizó la confederación.

Llamado a fortalecer el Estado de Derecho

Coparmex advirtió que al desplazar a la persona del centro del Derecho, el gobierno convierte los derechos humanos en obstáculos, lo que pone en riesgo la división de poderes. Además, subrayó que la decisión legislativa contradice los principios de bioética y justicia social promovidos por el propio gobierno.

Finalmente, el organismo señaló que las empresas mexicanas necesitan instituciones sólidas y una gobernanza confiable para garantizar seguridad jurídica, inversión y generación de empleo. “Solo en un Estado de Derecho fuerte puede construirse un país justo y próspero”, concluyó.

*ARD