Puebla, Pue.– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla manifestó su rechazo a la reforma a la Ley de Amparo aprobada por la Cámara de Diputados, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos humanos, democracia y seguridad jurídica.
Preocupación por las afectaciones al sector productivo
En un comunicado, el organismo advirtió que los cambios aprobados debilitan el control constitucional y afectan directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Esto, debido a que se restringe la figura del interés legítimo y se limita la posibilidad de obtener suspensiones frente a actos arbitrarios de autoridad.
“Esta reforma reduce el crecimiento, genera incertidumbre legal, aleja inversiones y frena la creación de empleos”, subrayó el CCE Puebla, destacando que las nuevas disposiciones podrían tener un impacto negativo en la economía y en la confianza de los inversionistas.
Grave retroceso en la protección de derechos: CCE Puebla rechaza la reforma a la Ley de Amparo. pic.twitter.com/f0SMzpb1AS
— CCE Puebla (@CCEPuebla) October 15, 2025
Preocupación por retroactividad y debilitamiento del amparo
El organismo empresarial también alertó sobre el riesgo de que la ley se aplique de manera retroactiva, lo que podría dejar sin efecto miles de juicios y suspensiones previamente concedidas, en contravención al principio de irretroactividad establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Asimismo, citó las posturas de especialistas como el exministro Javier Laynez Potisek y el Foro de Constitucionalistas de México, quienes advirtieron que eliminar la figura de suspensión “equivale a sepultar el juicio de amparo”, herramienta esencial para proteger los derechos ciudadanos frente al abuso de autoridad.
Llamado al diálogo y al veto presidencial
El CCE Puebla enfatizó que el Estado de Derecho debe fortalecerse a través del diálogo y la pluralidad, no mediante la imposición de reformas que limiten las libertades. Por ello, solicitó a la presidenta de la República ejercer su facultad de veto para evitar que la reforma entre en vigor.
Finalmente, el organismo llamó al sector empresarial y a la sociedad civil a mantener la defensa del juicio de amparo como una garantía fundamental del orden democrático en México.
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