Puebla, Pue. La diputada local de oposición, Celia Bonaga Ruíz, denunció que un alto porcentaje de vecinos de la colonia Belisario Domínguez enfrentan problemas de falta del servicio de agua, desde el 2022 a la fecha se han visto obligados a comprar pipas con agua, una cada cuatro días.
La representante del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que el servicio de agua en el municipio de Puebla está concesionado al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento donde se incluye el (Soapap).
Organismo público descentralizado que es el encargado de la regulación y vigilancia de la prestación de este servicio en varias colonias de la ciudad del estado.
Indicó que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal citó que les compete a los municipios dotar o asegurar que el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, y manejo de aguas residuales se haga.
En la colonia, condominios donde existen tinacos generales para grupos de 16 y 8 departamentos no cuentan con el abasto suficiente de agua para sus necesidades por familias.
Para el 2022 se agudizó el problema de agua, cada dos meses las personas compran pipas con agua, para este 2025 las compras por familia se dan cada cuatro días.
Fue apenas el pasado 8 de octubre cuando sin haber establecido un calendario para que se inicie la comparecencia de Agua de Puebla para Todos y Soapap, diputados en Comisión aprobaron el orden que tendrán las bancadas de cada para cuestionar a las dos firmas.
Dentro de las modificaciones que se hicieron este miércoles en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local, está el entregar el contenido de la información de las dos firmas a los diputados 72 horas antes, y no 24 como se había planteado.
Además, se aclaró que aún no se tiene un calendario para establecer las fechas en que las dos firmas tendrán que comparecer ante el Congreso local.
Dentro de los lineamientos que se deberán presentar Agua de Puebla para Todos, como el Soapap, están los indicadores que manejan ambas firmas para brindar el servicio, la atención a quejas ciudadanas, como las condiciones técnicas, protocolos de atención contra fugas, medidas adoptadas en zonas de rezago social, adultas mayores o mujeres violentadas.














