Puebla, Pue.– La diputada local y ex secretaria de Medio Ambiente Estatal, Beatriz Manrique Guevara, exhortó a los alcaldes de los 217 municipios del estado a no minimizar las peticiones relacionadas con el cuidado en el uso de plaguicidas. Subrayó que la polinización realizada por las abejas es insustituible, y su afectación impacta no solo en el medio ambiente, sino también en la economía agrícola.
La legisladora destacó que el 75% de los cultivos alimentarios a nivel mundial dependen en parte de la polinización, mientras que el 80% de las plantas con flores requieren de este proceso natural. En Puebla, al menos el 35% de la producción agrícola se relaciona directamente con la labor de las abejas, lo que convierte su protección en una prioridad.
Puebla, un estado clave en la apicultura
De acuerdo con datos oficiales, Puebla ocupa el octavo lugar nacional en apicultura, con más de 100 mil colmenas registradas y una producción anual de hasta 3 mil toneladas de productos apícolas. Estas cifras reflejan la importancia del sector para el campo poblano y la necesidad de implementar políticas que reduzcan el impacto de los químicos en su desarrollo.
“Este es un exhorto importante. Hay que ayudar a las autoridades a que, en el marco de la ley, se realicen acciones en defensa de la polinización. No se trata solo de imponer cargas a la autoridad, sino de fomentar la coordinación institucional para proteger la apicultura y la producción agrícola”, señaló Manrique Guevara.
Llamado a restringir plaguicidas de alto riesgo
En el mismo sentido, la diputada Esther Martínez Romano pidió a las autoridades implementar medidas inmediatas para resguardar la vida agrícola, recordando que al menos 35 plaguicidas han sido identificados por el gobierno federal como riesgosos para la productividad y la salud ambiental.
La presidenta Claudia Sheinbaum emitió recientemente un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el que prohíbe la producción, importación, uso y comercialización de 35 plaguicidas de alto riesgo. Esta medida representa la restricción más amplia en más de tres décadas y forma parte de una estrategia de tres etapas para transitar hacia una agricultura sostenible.
El plan busca sustituir estas sustancias químicas por alternativas menos tóxicas, seguras y accesibles, garantizando así la protección de la salud humana, del medio ambiente y del futuro de la agricultura en México.
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