Puebla, Pue. La presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, reconoció que reactivar la iniciativa para regresar el fuero constitucional a servidores públicos enviaría un mensaje anticipado que podría malinterpretarse ante la ciudadanía, especialmente en un contexto de creciente escrutinio público hacia los funcionarios.
Este tema se vuelve más delicado al coincidir con el debate de la polémica Ley de Ciberseguridad, la cual ha sido duramente criticada por sectores que acusan a los legisladores de evitar la rendición de cuentas y blindarse frente al escrutinio.
El análisis del fuero podría retomarse en el próximo periodo
García Chávez subrayó que, debido al cierre del periodo ordinario de sesiones el 15 de julio, difícilmente habrá condiciones para dictaminar la propuesta en los próximos días.
“Sería importante no solo analizar en la comisión, sino también llevar el tema a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Es un tema muy delicado, hay que ser muy cuidadosos”, apuntó.
La legisladora de Morena insistió en que el fuero debe evaluarse con responsabilidad, ya que se trata de un mecanismo constitucional que, si bien protege funciones institucionales, también puede prestarse a abusos.
La iniciativa fue heredada por un exdiputado ahora en el gabinete
El diputado local Julio Huerta Gómez confirmó recientemente que la LXII Legislatura podría retomar en breve la reforma para regresar el fuero a figuras como el gobernador, diputados, magistrados y el titular de la Auditoría Superior del Estado.
Esta sería la segunda propuesta impulsada por Samuel Aguilar Pala, exdiputado local que abandonó su curul en 2024 para incorporarse al gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, al frente de la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, Huerta Gómez precisó que el área jurídica del Congreso aún analiza los alcances de esta reforma, la cual se pausó no por falta de interés, sino por la carga legislativa acumulada entre temas nuevos y pendientes heredados de la anterior legislatura.
Laura Artemisa García dejó claro que este tipo de propuestas requieren un diálogo amplio, tanto al interior del Congreso como con la sociedad civil, para evitar que se perciban como medidas autoritarias o de protección política.
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