Puebla, Pue.– La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a través de sus Facultades de Derecho y de Ciencia Política y Gobierno, realizó un análisis crítico de la Ley de Ciberseguridad recientemente aprobada, en el que advirtió posibles afectaciones a derechos fundamentales e irregularidades en el proceso legislativo.
Riesgos para la libertad de expresión y el debido proceso
Durante el encuentro, Fernando Méndez Sánchez, director de la Facultad de Derecho, y Juan Carlos Espina Von Roehrich, director de Ciencia Política y Gobierno, coincidieron en que, si bien la norma incluye avances en la protección de menores en entornos digitales, también presenta deficiencias jurídicas que podrían derivar en violaciones a la libertad de expresión y al debido proceso.
Uno de los principales puntos de preocupación fue la redacción del artículo 480 del Código Penal de Puebla, que tipifica el delito de ciberasedio. Méndez señaló que contiene conceptos vagos como “insultar”, “injuriar” o “vejar”, lo que deja margen para interpretaciones subjetivas que podrían criminalizar expresiones legítimas en redes sociales.
Presunción de daño emocional y falta de claridad territorial
El académico también advirtió que la ley presume automáticamente daño emocional cuando la presunta víctima es menor de edad, sin requerir pruebas, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia. Además, criticó la falta de precisión sobre la aplicación extraterritorial de la norma.
“No se establece si el delito puede perseguirse cuando la conducta se origina fuera del estado o del país, lo que genera inseguridad jurídica”, señaló.
Censura sin orden judicial
Otro riesgo identificado es la posibilidad de que plataformas digitales eliminen contenidos de forma automatizada ante denuncias ambiguas, sin una orden judicial, lo que podría derivar en censura previa, especialmente en críticas hacia autoridades públicas.
Proceso legislativo apresurado y sin consulta
Por su parte, Juan Carlos Espina cuestionó que la ley fue aprobada de forma apresurada, sin consultas previas con la ciudadanía, especialistas o medios de comunicación. Recordó que el artículo primero de la Constitución obliga al Estado a garantizar la participación ciudadana en decisiones que afecten derechos humanos.
“La falta de foros públicos o debate previo vulnera ese principio y resta legitimidad a la ley”, sostuvo.
También comparó la situación con reformas en Veracruz y Quintana Roo, invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por omisiones similares en su proceso legislativo.
Espina criticó además la inclusión de términos ambiguos como “menoscabo importante” o “insistencia reiterada”, considerados imprecisos y peligrosos para una aplicación jurídica justa.
Revisión responsable y con participación ciudadana
Ambos académicos hicieron un llamado al Congreso del Estado de Puebla a revisar la legislación con apertura, responsabilidad y con la participación de la sociedad civil, universidades y especialistas. Entre las propuestas presentadas destacan:
Reformular el artículo 480 del Código Penal para eliminar ambigüedades.
Garantizar filtros judiciales antes de aceptar denuncias o eliminar contenidos digitales.
Excluir a autoridades como víctimas de ciberasedio, salvo en casos de amenazas o violencia.
Crear un observatorio ciudadano que supervise la aplicación de la ley y prevenga abusos.
Reconocen avances, pero exigen garantías legales
Pese a las críticas, los especialistas reconocieron avances en la promoción de una cultura digital de respeto y en la protección emocional de menores frente a agresiones en línea.
También consideraron positiva la convocatoria reciente del Congreso local a foros ciudadanos, aunque subrayaron que el diálogo debió haberse dado antes de aprobar la norma.
“El respaldo que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a esta ley debe ir acompañado de una revisión a fondo que evite su uso para limitar la libertad de expresión. Las aclaraciones no pueden depender sólo de declaraciones del Ejecutivo, deben quedar reflejadas en la norma”, puntualizó Fernando Méndez.
Finalmente, ambos académicos insistieron en que una legislación destinada a proteger la seguridad en el entorno digital no debe comprometer los principios democráticos ni debilitar el Estado de Derecho.
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