Puebla, Pue.– Diversos organismos empresariales expresaron su rechazo a la propuesta del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, de regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra y precios subsidiados.
En un pronunciamiento conjunto, representantes de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Canaco Ciudad de México (Canaco CDMX), la Concamin, la Coparmex, el Comce y el CNET coincidieron en que esta iniciativa contraviene el mandato legal del Infonavit y pone en riesgo los recursos de los trabajadores que cotizan en el fondo.
“El Infonavit no debe legalizar invasiones”
Los organismos advirtieron que el Infonavit fue creado para proteger y fortalecer el patrimonio de los trabajadores, no para legalizar ocupaciones ilegales ni beneficiar a personas que tomaron posesión de viviendas sin título legal.
Según datos de la Secretaría del Bienestar, de 843 mil viviendas susceptibles de revisión, solo se han censado 168 mil. De estas, el 86 % está ocupada por personas sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios legítimos. Para los empresarios, permitir que estas personas adquieran los inmuebles a precios subsidiados representa un grave precedente que podría fomentar nuevas invasiones.
Llaman a respetar el Estado de Derecho
Los organismos valoraron las declaraciones de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que la propiedad privada está resguardada y que no se busca quitar viviendas a sus legítimos dueños. No obstante, exigieron que esa postura se refleje en decisiones institucionales claras por parte del Infonavit.
“La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores. Las políticas públicas deben alinearse al marco constitucional y al interés de los trabajadores”, puntualizaron.
Exigen evitar institucionalización de ocupaciones ilegales
Los representantes del sector privado exhortaron a las autoridades a evitar esquemas que institucionalicen la ocupación ilegal de viviendas. Subrayaron que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica son fundamentales para mantener la confianza en el sistema de vivienda y en el desarrollo económico del país
*ARD
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