Puebla, Pue. Este jueves se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia de Puebla contra David N., quien enfrenta cargos por el presunto delito de sustracción de menores y violencia vicaria, figura reconocida en Puebla desde 2022.
En entrevista previa, Daniela Flores Mustre, expareja del imputado, acusó públicamente a David N. de ejercer diversas formas de violencia en su contra desde que decidió no regresar a vivir con él.
“Las vendettas empezaron el día que decidí no volver a la casa. Ese fue el castigo por no querer regresar con él”, además de que también denunció sentirse en riesgo ante la escalada de hostigamiento.
Ivonne relató que sólo puede ver a su hija una vez por semana, aunque su expareja asegura que se le han otorgado visitas durante los fines de semana. También acusó a David N. de promover diversos amparos para retrasar el proceso judicial y ejercer presión sobre personas cercanas a ella, incluyendo a la familia que le brindó apoyo.
“Desde 2021, tras el asesinato de Ceci Monzón —quien me apoyaba en el proceso legal para reconocer la violencia vicaria— decidí no callar y me convertí en activista”, explicó.
Monzón, defensora de derechos de las mujeres, fue asesinada ese mismo año, caso que generó una ola de indignación y visibilización del tema.
Flores Mustre también señaló a la jueza Arely Jofre, quien lleva el caso, indicando que previamente David N. ha utilizado tácticas para aplazar audiencias.
“En una audiencia por violencia familiar, tardó dos años y más de siete intentos para iniciar el proceso”, aseguró.
Además, denunció que, tras lograrse un acuerdo de custodia compartida, su expareja comenzó a grabar conversaciones con su hija menor con insinuaciones sexuales, y promovió una denuncia por abuso en su contra. Según Flores Mustre, la menor ha negado en múltiples ocasiones haber sido víctima de algún tipo de abuso.
En el marco del proceso judicial, colectivos feministas y organizaciones como Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia manifestaron su respaldo a Flores Mustre.
Gaby, integrante del colectivo, señaló que este caso refleja un patrón de violencia de género sistemática y el uso de recursos legales y económicos para silenciar a las mujeres.
“Estamos viendo cómo se repite un fenómeno donde los agresores utilizan discursos como la alienación parental —sin sustento científico ni legal— para justificar la violencia y desacreditar a las madres”, sostuvo.
Las activistas también denunciaron que grupos con agenda anti derechos, como sectores conservadores vinculados al movimiento Provida, han comenzado a respaldar públicamente a varones acusados de violencia, tergiversando el debate público en torno a la custodia y los derechos de las madres.
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