Puebla, Pue. La Comisión de Derechos Humanos (CEDH) inició de oficio un recurso de investigación por las quejas contra la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar si incurrió o no en la revictimización de las menores de edad desaparecidas por voluntad propia.
La titular de los Derechos Humanos en Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, dijo que sólo haciendo un trabajo apegado a derechos se pueden hacer las tareas de justicia sin violentar a las personas.
“Nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que estar en medio, alertas de lo que haga la autoridad. Iniciamos de oficio una queja”, dijo Rosa Isela Sánchez Soya.
Por separado, la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que no incurre en la revictimización de las personas desaparecidas por voluntad propia o de manera forzada, ya sea que se trate de abuelitos, adultos, adolescentes o menores de edad.
No hay impedimento
La fiscal Idamis Pastor Betancourt aclaró que no existe algún impedimento legislativo que prohíba la difusión de fotografías de menores de edad que son reportados como desaparecidos, como pasó con las infantes de Santa Isabel Cholula, Miriam y Victoria N., o la pequeña Guadalupe N. de la colonia El Conde.
Por el contrario, Idamis Pastor Betancourt señaló que así funcionan los programas de búsqueda, ejemplo de ello es la Alerta Amber donde se divulga una ficha con los datos personales de los desaparecidos y se difunde en varias plataformas.
Idamis Pastor Betancourt rechazó haber revictimizado a las tres menores que al final se investigó, desaparecieron por voluntad propia.
Reiteró que la Alerta Amber funciona con datos generales de las personas desaparecidas, ya sea que se trate de menores de edad, niñas o niños, siempre se coloca la imagen de los infantes, procedimiento que se aplica de igual forma para las Fichas de Búsqueda en personas adultas mayores.
Este jueves, desde el Congreso local la presidenta del Colectivo "Voz de los Desaparecidos en Puebla", María Luisa Núñez Barojas, pidió a Pastor Betancourt ofrecer una disculpa pública por difundir el rostro de las menores.
Donde incluso alertó que los padres de familia pueden iniciar un procedimiento legal en contra de la FGE desde la Comisión de Derechos Humanos (CDH), porque la dependencia tiene la obligación de trabajar bajo la perspectiva de género, para cuidar que las niñas no sean expuestas a sufrir maltrato social.
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