El Congreso congeló la Revocación de Mandato y Participación Ciudadana, reclamó ONG

Puebla, Pue. La organización Opción Ciudadana Puebla (OCP) acusó al Congreso local de omiso en la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana que contempla la Ley para la Revocación de Mandato, por ello buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue a su cumplimiento.

De ser así, tendrá que ser la LXII Legislatura la que retome o deje en la congeladora el tema que se planteó desde el 2021, y que en noviembre del 2022 a través de un anteproyecto fue entregado al diputado panista por el Distrito 17, Oswaldo Jiménez López.

Ernesto García Hernández, coordinador ejecutivo del Colectivo Opción Ciudadana Puebla explicó que el congresista en lugar de cumplir con los foros que prometió donde incluía la participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), solo retraso el proceso incurriendo en negligencia legislativa.

García Hernández, confirmó que buscará que la SCJN atraiga el caso, por omisión legislativa del panista quien de manera intencional se dedicó a buscar su reelección, pausando con alevosía la Ley de Participación Ciudadana que incluye Ley para la Revocación de Mandato del titular del Poder Ejecutivo Local.

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“Se necesita que se haga su análisis para que se pondere y Puebla cuente con su Ley de Participación Ciudadana. Que la SCJN  obligue al Congreso local a promulgar la Ley de Participación Ciudadana. Tendrá que ser en la siguiente LXII Legislatura, esperemos que los diputados que fueron electos cumplan en dar seguimiento para contar con esta Ley de Participación Ciudadana”, señaló.

Piden que la promulgación de esta ley sea incluida en la agenda legislativa del Congreso local que se renovará en próximas semanas, la cual es de izquierda y promete tener una visión ciudadana.

Esta Ley de Participación Ciudadana es una figura que necesita estar vigente en Puebla, está permitiría involucrar a los ciudadanos en las decisiones que tomen las autoridades en turno, sin necesidad de estar dentro del gobierno o partido político.

Uno de los objetivos de esta ley, es evitar actos de corrupción, garantizar el buen funcionamiento de los programas sociales, todo esto con la participación y el monitoreo de la sociedad civil.

*BC