Eduardo Rivera sí o sí para 2024
No hay vuelta, Eduardo Rivera será el candidato a gobernador de la oposición en 2024 y su nominación por el Frente por Puebla se formalizará en la segunda quincena de octubre.
Personalmente informó que será después del segundo informe al frente del Ayuntamiento de Puebla, cuando defina qué cargo de elección popular estará buscando, que no será otro más que el Ejecutivo estatal.
Señaló que el Frente Amplio por México tiene previsto que el 3 de septiembre se defina un perfil a candidato por la Presidencia de la República, por ello, respetará el proceso para determinar qué cargo buscará.
Explicó que actualmente sólo puede recibir invitaciones a otros municipios, cuando la agenda lo permite, ya que, lo prioritario es atender las demandas de los ciudadanos del municipio de Puebla.
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Pues sí, hay deuda estatal, después que el gobierno de Puebla pagó un crédito fiscal por 2 mil 609 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la dependencia federal recomendó revisar sus finanzas, ya que aún tienen un adeudo.
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Josefina Morales, secretaria de Planeación y Finanzas, apuntó que en coordinación con la autoridad fiscal federal se detectó que el gobierno poblano adeuda 722.3 millones de pesos. En conferencia, junto con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, precisó que el adeudo corresponde al pago del Impuesto Sobre la Renta en sueldos y salarios del gobierno de los años 2019 y 2020, que no fueron bien calculados y existe una diferencia.
El gobernador dijo que ya está en negociaciones con la Secretaría de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo, muy similar al que se logró para pagar el adeudo de los 2 mil 609 millones de pesos.
Céspedes agregó que la reestructura que se hace permite que la administración a su cargo se pueda ahorrar cerca de un millón de pesos al mes, en un crédito que le resta 72 mensualidades, es decir, el gobierno del estado se ahorrará 72 millones de pesos al final.
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Ya que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, José Félix Cerezo, informó que iban a elaborar un protocolo para el uso de la fuerza pública en casos de intentos de linchamientos, Voz Ciudadana se opuso y argumentó que el Ombudsperson quiere revivir la Ley Bala con ayuda de los diputados locales.
El 20 de julio el titular de la CDH acudió al Congreso y en una breve entrevista informó: “Como está derogada la Ley Bala que era la de Chalchihuapan y de Moreno Valle y ya no existe, pues no hay un manual del uso de la fuerza, por eso proponemos que en la nueva Ley de Uso de la Fuerza haya un capítulo en donde se den las atribuciones a los elementos de seguridad”.
Pretende que el personal de seguridad pública esté autorizado para ejercer fuerza en ciertos casos, incluso lo llamó “un cuerpo especial o un grupo élite” para evitar linchamientos. Explicó que no llevarán proyectiles, ni escopetas de gas lacrimógeno, pero si se podría ocupar otro elemento para mitigar los conflictos.
El Colectivo Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, encabezado por Luis Soriano Peregrina, rechazó que Félix Cerezo quiera hacer dicha propuesta, ya que sería un retroceso en materia de seguridad y sugirió que sólo se capacite a los elementos, que se trabaje en la prevención y que las autoridades trabajen en incrementar la confianza hacía los policías.
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El Instituto Nacional Electoral a través de su Consejo General, aprobó el miércoles 26 de julio los lineamientos para regular la contienda interna de los partidos para que elijan a los candidatos a representarlos en el proceso electoral 2024, entre los que destacan que cada aspirante, tanto del bloque opositor como de Morena, gasten hasta 34.3 millones de pesos.
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Dentro del tope de gastos, los aspirantes podrán contribuir de sus propios medios, ya sea en dinero o especie, sin rebasar los 2 millones 148 mil 166 pesos; adicional, los militantes y simpatizantes pueden hacer aportaciones a los aspirantes, sin exceder los 537 mil 41 pesos.
En tanto, quedarán prohibidas las aportaciones por parte de personajes públicos de los tres poderes de gobierno, incluyendo dependencias u organismos públicos en el ámbito federal, estatal o municipal.
La fiscalización de estos recursos abarcará el periodo desde que dieron inicio los procesos internos, hasta la conclusión de los mismos, a la que estarán sujetos los contendientes del Frente Va por México como los de Morena.
Los ejercicios de fiscalización correrán a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, quien a su vez será el responsable de monitorear a través de visitas y recorridos, la colocación y distribución de propaganda, tanto en vía pública, en espectaculares; así como en bardas, camiones y redes sociales.
Dentro de las regulaciones en este tema, la propaganda de los aspirantes sólo podrá colocarse en inmuebles considerados propiedad privada, con debido permiso por escrito del propietario.
*ARD
