Inicia mayo y la política en Puebla se desata
Avanza mayo y la política poblana también.
La noche del pasado martes, en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los diputados federales de Morena, el poblano Ignacio Mier Velazco, reafirmó su deber, empeño y esfuerzo en beneficio de la Cuarta Transformación.
“Me reuní con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar la agenda legislativa y tuvimos oportunidad de platicar sobre la prospectiva programática de nuestro movimiento y los proyectos que se necesitan para consolidarlo” informó Nacho Mier.
El Palacio Nacional fue la sede de la cita del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el primer mandatario, “siempre será un honor trabajar con lealtad en el mismo proyecto de Nación” enfatizó el presidente de la JUCOPO.
López Obrador arribará a la Angelópolis desde este jueves, para estar presente el viernes en la conmemoración de la gesta heroica de la Batalla de Puebla y en el desfile.
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Ayer martes, en Santa Cruz, Teotlalco el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza encabezó la celebración religiosa de su población natal.
Lo interesante es quienes lo acompañaron.
Acudieron autoridades civiles y religiosas, entre ellos, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, el presidente de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, los legisladores Javier Casique y Néstor Camarillo, el ex gobernador Melquíades Morales, el ex diputado Fernando Manzanilla y los empresarios Julián Ventosa y Javier Pacheco.
Política, mucha política en Puebla, prevalecen la civilidad y las buenas formas, algo que caracteriza a los poblanos.
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La diputada panista Aurora Sierra propuso imponer una condena de 2 a 10 años de prisión y una multa de 250 a 400 Unidades de Medida de Actualización (UMAS), contra las personas que incurran en usurpación de identidad.
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Propuso un aumento del 50 por ciento de las penas en caso necesario, más la suspensión del derecho a la actividad profesional por un lapso de 1 a 5 años en caso de que el acusado tenga estudios en licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico relacionado con la informática o áreas afines.
Comentó que actualmente el Código Penal del estado no contempla penas por el robo de identidad, se carece de algún castigo jurídico contra quienes cometen este tipo de malas prácticas, esto puede a que un estudio realizado por la Asociación de Internet en México reveló que, en el 2021, 5 de cada 10 usuarios digitales fueron víctimas de un fraude cibernético.
Sierra Rodríguez señaló que en los primeros meses de este 2023, el país sufrió millones de intentos de ciberataques, en especial porque las tareas de digitalización entre la sociedad han llevado a tener familias más expuestas a fraudes cibernéticos y robo de datos personales como una práctica sencilla para los delincuentes.
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César Huerta Méndez, exsecretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Puebla, no podrá volver a trabajar en dicho órgano colegiado, pues su remoción fue validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En sesión pública, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF resolvieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SUP-JDC-132/2023 con el que Huerta Méndez intentó revocar la resolución del Tribunal Electoral de Puebla que acreditó su baja.
El estudio del caso estuvo a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero ante su ausencia en el pleno, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera tomó el asunto para efectos de resolución.
El magistrado consideró válido aplicar el procedimiento de ratificación establecido en el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral cuando se realiza la renovación del Consejo Electoral, como sucedió con la designación de Blanca Cruz García como titular del Instituto Electoral de Puebla.
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La Consejería Jurídica de Presidencia pidió formalmente a la Corte resolver, en orden de prelación, las impugnaciones contra la Ley General de Comunicación Social, empezando por las registradas en 2018 y no las más recientes, interpuestas contra el llamado "Plan B".
El jurídico del Ejecutivo federal recordó que, al inicio del proceso electoral 2017-2018, las bancadas del PRI y PAN en el Congreso aprobaron dicha Ley, a pesar de los cuestionamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la entonces oposición, incluidos Morena y Movimiento Ciudadano.
La Consejería advirtió sobre el cambio de criterio de la Corte, ya que, en 2018, no consideró que la Ley de Comunicación Social tenía carácter electoral, ni concedió la suspensión solicitada, como ocurrió ahora con el llamado "Plan B".
También recordó que, hasta la fecha, el máximo tribunal no ha dictado sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años de la impugnación.
*ARD
