Lalo Rivera contra Barbosa por actos anticipados de campaña
Para algunos, falta aún mucho para las elecciones de 2024, pero los ánimos se calientan y las posiciones se polarizan todos los días.
Luego de que Morena decidió denunciar al alcalde Eduardo Rivera Pérez por supuestos actos anticipados de campañas, el edil argumentó que están en su derecho de hacerlo, y serán los órganos electorales quienes determinen si merece una sanción, además, aseguró que el Ayuntamiento mantendrá su relación con el gobierno del estado.
Rivera señaló que el gobernador debe ser responsable de las declaraciones que hizo en contra de la dirigente de Acción Nacional, Augusta Díaz de Rivera, esto al calificarla como “promiscua”.
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Rivera Pérez dijo que el Ayuntamiento de Puebla tendrá coordinación con los tres niveles de gobierno, a pesar de lo declarado por el gobernador Barbosa, quien dijo que ya no asistirá a eventos públicos de la administración municipal.
"Quiero decirle al gobernador que las puertas del gobierno de la ciudad siempre estarán abiertas, yo seguiré trabajando, porque esta es mi responsabilidad de manera coordinada con los 3 órdenes de gobierno, con los poderes del estado, siempre buscando el bien de Puebla", declaró.
Con relación a lo publicado por la dirigencia de Morena, sobre que habrá denuncias en su contra, el presidente señaló que a nivel nacional ya hay personajes promoviendo su imagen y no ha existido algún tipo de penalización, por ejemplo, las corcholatas presidenciales.
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"Hay por ahí unas corcholatas que andan caminando, anunciando, promoviéndose desde la silla del gobierno federal de la República. La opinión pública tendrá el mejor criterio al respecto, el que nada debe, nada teme, yo conozco la Ley", declaró. De ese tamaño la polarización.
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Alrededor de las 4:30 de la mañana de ayer, tres sujetos armados despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de una unidad de transporte de personal que se dirigía a la planta Volkswagen.
Los hechos se registraron sobre la 16 de septiembre a la altura de Miguel de la Madrid, cuando los asaltantes abordaron la unidad y amagaron a los cerca de 20 pasajeros y al conductor de la unidad.
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El robo a los empleados de la empresa de autos se efectuó a bordo de la unidad 6261 de la empresa Settepi, dedicada al transporte de personal industrial. Luego del asalto, una de las mujeres entró en pánico y tuvo que ser atendida por personal de urgencias.
Tras despojarlos de sus carteras, celulares y objetos de valor, los delincuentes descendieron de la unidad y se dieron a la fuga. Las víctimas del asalto se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente.
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Pese a tres cambios en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la incidencia delictiva en Tehuacán es una constante, ya que, suman 20 ejecuciones en casi 11 meses de la gestión encabezada por Pedro Tepole Hernández.
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Desde el inicio de la administración 2021-2024 de Pedro Tepole, la violencia se ha intensificado ante la disputa entre grupos delictivos dedicados al robo en distintas modalidades y la distribución de droga, cuya máxima incautación hasta el momento es de 175 dosis de marihuana.
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Desde la llegada de Tepole a la presidencia de Tehuacán no han cesado las ejecuciones o hechos violentos tanto de hombres como mujeres, son jóvenes en más del 80 por ciento de los casos.
Además, que, según las propias autoridades locales, las víctimas, tras ser identificadas, han sido señaladas de haber contado con antecedentes penales relacionados con el robo o la venta de sustancias ilícitas, incluso algunos han sido relacionados como integrantes de grupos delictivos específicos.
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Catorce uniformados de la policía de Quimixtlán fueron vinculados por un Juez de Control a proceso por los delitos de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones.
El pasado 31 de agosto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla y de la Sedena llevaron a cabo una revisión del armamento y situación administrativa de la policía de Quimixtlán.
Ahí descubrieron que 14 personas no pudieron acreditar su relación laboral con la corporación policial y se encontraban uniformadas.
Ante esta situación, la Fiscalía de Investigación Regional formuló imputación y expuso datos de prueba respecto a los hechos con apariencia de delito.
*ARD
