Criminales sin límite
La ostentación de su fuerza de fuego e impunidad para arrasar con sus enemigos quedó demostrada ayer en Atlixco, los esfuerzos y coordinación de los tres niveles de gobierno para frenar en el estado a la delincuencia organizada no parecen suficientes aún para disuadirlos de sus excesos, donde pretenden demostrar quién y quiénes manejan las plazas.
Nueve personas, seis hombres y tres mujeres, fueron asesinadas al interior de una vivienda durante la madrugada de ayer, confirmaron el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la presidenta municipal, Ariadna Ayala, quienes se comprometieron a redoblar esfuerzos que contribuyan a un clima de paz, en una comunidad que se distingue por ello.
Los hechos ocurrieron en una vivienda de la Calle 27 Poniente, cerca de una secundaria, en la colonia Francisco I. Madero. Además de los muertos, se reportó que un hombre fue encontrado con vida, a quien hirieron con tres impactos de bala y fue trasladado al Hospital Rio Arronte.
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El gobernador Barbosa confirmó que el multihomicidio se suscitó por una disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo. "Una zona de clase media, evidentemente por los datos que se tiene, el lugar donde fueron ejecutadas estas personas era de distribución y venta de droga", explicó.
"Hasta ahora, la información no revela la identificación de los ejecutados, al parecer no son de Atlixco ni son poblanos, todo puede llevar a una definición, fue una ejecución entre bandas, personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos del narcomenudeo y muchas otras cosas".
“Yo lo he dicho, el 2022 va a tener complicaciones muy importantes en materia de seguridad y la lucha entre grupos delincuenciales va a ser la característica. Nuestra obligación es proteger a la población y combatir a la delincuencia”, y aseguró que el gobierno estatal no se verá rebasado por las bandas criminales.
Versiones de los vecinos señalan que antes de escuchar una secuencia de disparos con armas de fuego, dentro de la vivienda se escuchó una presunta riña familiar. Al descubrirlos se llamó a los cuerpos de Seguridad y estos reportaron y llegaron elementos de la Defensa Nacional a acordonar la zona.
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El 3 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en Ciudad Serdán, municipio que se ubica en los límites de Puebla con Veracruz.
Las fiscalías federal y estatal tienen mucho que investigar y los tres niveles de gobierno redoblar sus esfuerzos, ni Atlixco ni Puebla merecen vivir en un ambiente de terror, como el que pretenden generar las bandas del crimen organizado.
De las anécdotas que se cuentan
El 19 de febrero falleció a los 75 años de edad, el almirante Wilfrido Robledo Madrid, uno de los directores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).
No pocos han sido los cuadros formados por el almirante Robledo, que lamentaron su muerte. Dicen los expertos que este personaje siempre se preocupó por tener discípulos que supieran combinar la técnica con la experiencia en los temas de seguridad nacional, algo claramente en desuso, en estos tiempos.
El acapulqueño inició su carrera policiaca a principios de los ochenta, como director de Seguridad Pública durante el gobierno de Enrique González Pedrero, en Tabasco.
Y, por casi diez años, la Marina Armada lo mantuvo como su Enlace en el CISEN, ocupando posteriormente la dirección de Protección (Contrainteligencia). Fue en el auge zapatista, en 1994, que Robledo se encargó de la coordinación de todas las instancias para combatir al secuestro, particularmente al de alto impacto.
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Ahí se daría la persecución a dos de los mayores secuestradores de todos los tiempos: Andrés Caletri y Daniel Arizmendi.
Llegó Enrique Peña Nieto al gobierno del Estado de México y Wilfrido Robledo fue comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal. Y en tres días, el expediente de San Salvador Atenco se encargaría de borrar su trayectoria de décadas, para colocarlo como la encarnación misma del mal.
En octubre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox, señaló que la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sería en terrenos agrícolas de la zona de Texcoco. Ni tardos ni perezosos, ejidatarios de Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, San Salvador Atenco y, Tocuila integraron una organización denominada “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra” (FPDT) y se volcaron en marchas y otras acciones similares en distintas entidades.
El “Frente…” contó con la asesoría Pro Bono del célebre abogado Ignacio Burgoa Orihuela y ocurrió lo que era previsible: tal ente terminaría por convertirse en un grupo de presión con enorme influencia en la zona mexiquense.
En 2006, el “Frente…” ya no se enfocaba a la lucha contra el aeropuerto sino a otras causas sociales, incluyendo al apoyo a vendedores ambulantes. El 2 de mayo de ese año, en punto de las siete de la mañana, un grupo de policías municipales de Texcoco, apoyados por la Policía Estatal, llegaron a desalojar vendedores, ubicados en Fray Pedro de Gante, a las afueras del mercado “Belisario Domínguez”, en Texcoco.
A menos de 24 horas de que iniciara la fiesta de la Santa Cruz, era de esperarse una buena venta para los ambulantes, pero los comerciantes establecidos no estaban de acuerdo en que sus ingresos fueran arrebatados por el comerciante informal.
El “Frente…” pretendió negociar con el director general de Gobernación estatal y la subprocuraduría, para que los policías se retiraran y los vendedores ambulantes siguieran en la zona. No hubo arreglo y tanto policías como ambulantes se quedaron en el lugar.
Apenas llegó el 3 de mayo y se dio un operativo claramente reforzado por la Policía Estatal para remover a los vendedores ambulantes empoderados por el “Frente…”. Literalmente, hubo ambulantes que, machete en mano se atrincheraron en una casa de Manuel González y para las seis de la tarde, docenas de casas habían sido arrasadas, tanto por los ambulantes como por cientos de policías estatales.
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Apoyados por un grupo que no era precisamente de vendedores de flores, llamado “La otra campaña”, los inconformes bloquearon la carretera Texcoco-Lechería, estrangulando la circulación de una vía crítica para el Estado de México. El gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto no dudó en reventar el bloqueo y le pidió a Wilfrido Robledo que se encargara del tema. En cuestión de minutos, el zafarrancho era idéntico al que llegaría años después, con los 43 de Ayotzinapa: un problema local mal manejado, se hizo noticia planetaria.
Cuando anocheció, Peña Nieto pidió ayuda federal a Eduardo Medina Mora y se tomó la decisión de enviar tropas de la Policía Federal Preventiva para reforzar la toma de San Salvador Atenco, núcleo del problema. El 4 de mayo, todavía no amanecía cuando 2 mil policías estatales y unos 700 federales entraron en acción.
En menos de dos horas, el control estaba en manos de las autoridades. Pero, antes de eso, la refriega incluyó pasarles por encima a pobladores que no tenían nada que ver en el asunto, sin omitir a trabajadores de distintas empresas.
A garrote vil fueron sometidos no pocos hombres y mujeres, sin omitir que algunas fueron violadas, camino al centro de detención. Las cifras varían dependiendo de la fuente, pero podría pensarse que hubo unos 200 detenidos, considerando a 47 mujeres, 33 policías heridos, dos muertos y, la detención del líder visible del “Frente…”, Ignacio del Valle.
Como no podría ser de otra forma, “La otra campaña” recibió un notorio impulso para su causa zapatista y por supuesto, hasta Sebastián Guillén, “Subcomandante Marcos” se haría presente en el conflicto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado mexicano tras encontrarlo responsable de “violencia sexual, violación y tortura” contra 11 mujeres en el caso Atenco.
Ignacio del Valle sería enviado a prisión, pero el 30 de junio de 2010, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de doce integrantes del “Frente…” “por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de “premisas falsas y endebles”, además de que “utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado”. Así, Ignacio del Valle saldría de su encierro.
En mayo de 2011 se demostró que la vida es circular e, Ignacio del Valle se unió a la Marcha Nacional por la Paz que encabezó Javier Sicilia.
Dieciséis años después, una militante de Morena, Talía Citlali Cruz Sánchez, rindió protesta protocolaria como alcaldesa de Atenco, para el periodo 2022-2024. Cruz Sánchez es hija de Bernardino Cruz, uno de los fundadores del “Frente…” y, es nuera de Ignacio del Valle.
Los merecimientos de Wilfrido Robledo serían sepultados y enviado al panteón de la ignominia. Cuando cumplió 40 años de servicio, pasó a situación de retiro en 2014.
Ya se vio que, literalmente, quien no conoce la Historia está condenado a repetirla.
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*ARD
