Bonafont recupera su planta en Juan C. Bonilla; pueblos indígenas insisten en que embotelladora deje de secar sus pozos

Respaldadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades indígenas cercanas al volcán no dejarán de luchar para evitar que Bonafont siga en su negocio de embotellar agua.

El desalojo del plantón de Pueblos Unidos que tomó la planta desde marzo de 2021 en Juan C. Bonilla, ocurrió porque un juez de competencia penal de control decretó la destitución en favor de la empresa, informó el gobernador Luis Miguel Barbosa.

El desalojo se realizó por la orden del juez, es por ello que la administración estatal no participó en este acto, agregó. Una vez que la organización ya no ocupa los inmuebles, lo que sigue es que la empresa restablezca sus operaciones de manera normal y que cualquier reclamo de personas y de organizaciones se lleven a cabo con el diálogo correspondiente.

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Aseguró que el gobierno federal también debe participar en dicho diálogo de inconformidades, incluso la administración del estado de Puebla debe formar parte de estas mesas de trabajo.

Barbosa Huerta dijo que tiene que prevalecer el cumplimiento de la Ley con respeto absoluto a los derechos humanos, además de que se debe cuidar el agua, pues es vital para la supervivencia

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En protesta por reformas y nuevas leyes impuestas a los transportistas, harán un paro nacional y un bloqueo de carreteras en Puebla. Andy Rossiny, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., dijo que el próximo 22 de marzo tomarán las principales vialidades de la entidad.

“Puebla será bloqueada en todas sus vialidades principales y, cuando digo que va a ser bloqueada, es porque va a ser bloqueada. Tenemos el ordenamiento de bloquear las arterias principales por falta de comunicación con gobiernos municipales y el estatal.

“La de Cuapiaxtla, vamos a tomar la federal a Huejotzingo, la de Teziutlán, la de Esperanza a manera de generar un cerco en el Estado de Puebla. Estaremos hasta que los gobiernos federales, municipales y estatal dialoguen con nosotros”, aseguró.

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Los principales temas a tratar son: los catálogos mal segmentados de las cargas y el emplacamiento. Aseguró que no reabrirán la circulación hasta que las autoridades no los escuchen y den solución a sus demandas.

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El presidente municipal, Eduardo Rivera, rechazó que su administración proteja a grupos delincuenciales, luego de que el lunes en el barrio El Refugio apareció un mensaje dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio y a la Fiscalía General del Estado, tras la ejecución de un hombre.

"Todos los días trabajamos, sin descanso, para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sabemos que es un reto enorme. Hemos podido tener una coordinación y actuar de manera conjunta y poder detener delincuentes. Que no quede impune –el crimen- y paguen por los actos cometidos", dijo.

Por su parte la titular de la secretaria de Seguridad, María del Consuelo Cruz, apuntó que la Fiscalía inició con las investigaciones correspondientes respecto a los mensajes encontrados en El Refugio, con el objetivo de identificar a los responsables y apuntó que esta situación –dejar mensajes- atiende a que algunas personas están inconformes con el trabajo que se está haciendo dentro de la corporación.

Señaló que continúan realizando operativos nocturnos de proximidad en diferentes puntos de la capital, con objetivos precisos, para detener a grupos o bandas relacionadas con robo a casa habitación y robo a vehículo.

En otro punto, el presidente municipal panista informó que el área de Normatividad implementará operativos de inspección en lugares y zonas donde venden refacciones de autos usados, con el objetivo de detectar quiénes están robando las tapas de los registros y dar con los responsables.

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El contador Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla informó ayer que tramita un amparo contra la suspensión en su cargo. Un juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, determinó como medida cautelar suspenderlo temporalmente de sus actividades en la ASE por su probable participación en un delito de violencia familiar.

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Dijo que con esta estrategia el gobierno del estado busca desestabilizar a la institución. “Por supuesto, es de suponer que lo retrasa para causar desequilibrio al interior”, agregó Romero Serrano.

Desde el 2 de febrero, el auditor denunció un boicot en su contra a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública, para entorpecer el proceso de fiscalización y la entrega de información de los sujetos obligados.

El trabajo de la ASE recaerá temporalmente en el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y un eventual remplazo tiene que ser analizado en el Congreso Local.

*ARD