El fatal helicopterazo
Han pasado tres años de la trágica muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y no dejan de ser noticias, especialmente porque la opinión pública no aceptó como válida la conclusión del peritaje que presentó el gobierno federal a través de la secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La revista Proceso público en su primer número de enero un reportaje donde informa que en las mismas fechas en las que la Fiscalía de Puebla detuvo a mecánicos y otros empleados del taller a cargo del helicóptero en el que murieron la gobernadora y el senador, en Estados Unidos familiares de tres de las víctimas presentaron demandas civiles para reclamar indemnizaciones por más de 30 millones de dólares.
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“Los deudos de la gobernadora, del copiloto Marco Antonio Tavera y de Héctor Baltazar Mendoza, asistente de Moreno Valle, mantienen juicios en distintas cortes estadunidenses contra las empresas Agusta Westland, Aero Technology y Honeywell International, a las que responsabilizan por el desplome del helicóptero Agusta A109S, ocurrido el 24 de diciembre de 2018.
“El 21 de diciembre de 2020 Martha Julia Hidalgo Villafañe, madre de la mandataria; Guadalupe Nancy Canales, esposa de Tavera, y Lourdes Mendoza Hernández, madre de Baltazar Mendoza, iniciaron el caso 2:20-cv-06393-RBS en el Tribunal de Distrito del Este de Pennsylvania contra Agusta Westland Philadelphia Corporation, vendedora de la aeronave en ese país.
“En el mismo caso piden responsabilizar a la empresa Leonardo, S.p.A., con domicilio en Roma, Italia, y que fue fabricante, diseñadora y exportadora de la aeronave, así como la encargada de elaborar la Lista Maestra de Equipo Mínimo del Agusta A109S”.
En las demandas se señala a ambas empresas de responsabilidad objetiva, negligencia e incumplimiento de garantías, a partir de lo cual reclaman “daños compensatorios y punitivos” por un monto superior a los 255 mil dólares, más intereses, daños por demora, costos, honorarios de abogados y “cualquier otra compensación que el tribunal considere apropiado”.
Ese mismo día, el 21 de diciembre de 2020, los denunciantes acudieron ante la corte estatal de Georgia para demandar a la empresa Precision Aviation Group o Aero Technology, la cual vendió y reparó (en reclamo de garantía) uno de los actuadores de balanceo lineal del helicóptero siniestrado.
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En el caso 2020CV02807 los demandantes piden una indemnización de al menos 30 millones de dólares, además de que se cubran gastos funerales, de abogados y costos del juicio, así como cualquier reparación adicional que la corte considere “justa y adecuada”.
“La tercera demanda civil fue presentada el 22 de diciembre del mismo 2020 contra Honeywell International, Inc., o Honeywell Aerospace, empresa que diseñó, fabricó y comercializó otro de los actuadores que se presume falló en la aeronave”.
Antes, la misma revista Proceso publicó un trabajo es el que ofrece nuevos datos del fatal incidente que le quitó la vida la gobernadora. “Alrededor de las 14:00 horas del 25 de diciembre de 2018 un perro de la Secretaría de la Marina (Semar), adiestrado en detección de explosivos, se sentó tres veces sobre los restos del helicóptero Agusta A109S, matrícula XA-BON, en el que murieron la entonces gobernadora panista de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle.
“En ese momento hubo un silencio sepulcral en los campos de cultivo del cerro de la Chimenea del Chacuaco, en Santa María Coronango, donde estaba lo que quedó de la aeronave. Sólo el viento se escuchaba, mientras que el binomio canino señaló una y otra vez el mismo lugar. ´Todos nos quedamos como pasmados, temerosos´, relata uno de los testigos de este hecho.
“Dos fuentes diferentes confirmaron a Proceso que, luego de la escena descrita, altos mandos presentes se apresuraron a afirmar que ´el perro se había confundido´, por lo que este indicio ni siquiera se asentó en el informe y nunca se tomó en cuenta en las investigaciones sobre las causas del desplome del helicóptero ocurrido el 24 de diciembre de 2018.
“Uno de los especialistas que participó en las indagatorias del incidente proporcionó a este semanario una serie de fotografías en las cuales se observa al perro sentado sobre los escombros de la aeronave –esa es la manera con la cual los animales adiestrados indican haber detectado los indicios–. La escena también quedó captada en un video.
“Se limitaron a decir que fue una confusión, hecho que era altamente improbable, pues el entrenamiento de estos perros es especializado y costoso, de más de 30 mil dólares por cada uno”, afirma el experto entrevistado bajo la condición del anonimato. El testigo agrega que lo procedente era llevar un segundo binomio canino para confirmar o descartar lo que el primero detectó, “pero no se hizo”.
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Para el perito fue inusual que la investigación sobre explosivos se realizó 24 horas después del incidente, cuando es uno de los primeros peritajes que debe practicarse sobre los restos de la aeronave.
“En el lugar se encontraban ese 25 de diciembre José Armando Constantino Tercero, director de Análisis e Incidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Óscar Vera Orea, capitán de Fragata de la Marina; Julio César Chávez Ramos, delegado en Puebla de la entonces Procuraduría General de la República, y Alejandra Flores Ventura, directora de Unidades de Investigación Especializadas de la Fiscalía General del Estado, entre otras personas.
“El mismo 25 de diciembre el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño –hoy gobernador de Sonora–, declaró en conferencia de prensa:
“La Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado (sic) dentro de la aeronave accidentada”.
El helicopterazo que le quistó la vida a la primera gobernadora poblana a tres años de los hechos sigue dando nota y revive sospechas.
De las anécdotas que se cuentan
Se ha vertido mucha tinta en los medios de comunicación sobre la caída de los dos principales líderes criminales en México: Ismael Zambada (Cártel de Sinaloa) y Nemesio Oseguera (Cártel Jalisco Nueva Generación). La gran pregunta que se hacen los analistas es, identificar qué pasará cuando ambos ya no estén.
En el caso de Ismael Zambada, cumplirá 74 años de edad y según los expertos, su diabetes le produce altibajos. A su favor, además de no consumir narcóticos ni llevarse la vida en fiestas, tiene el liderazgo de una fracción del cártel de Sinaloa que le permite dirigir sus actividades a distancia, lejos del boato y la ostentación.
Zambada vive frugalmente, distante del estereotipo televisivo y de las mansiones que llaman la atención de marinos y expertos en inteligencia.
Por lo que se refiere a Nemesio Oseguera, cumplirá 56 años de edad, pero su condición física está debilitada por distintos padecimientos que lo aquejan, sin omitir las complicaciones para recibir un tratamiento adecuado en las condiciones en las que se mueve todos los días.
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Lo que inquieta es la ausencia de liderazgos fuertes y preparados para la sucesión que tarde o temprano llegará.
Los especialistas advierten de un enorme riesgo, si el sucesor no tiene capacidades directivas, será engullido por sus competidores directos, lo que terminará en más sangre y violencia en el país.
En ambos cárteles, hay jóvenes que se consideran aptos para dirigir a miles de personas, por la herencia y consanguinidad que les vincula a Zambada y Oseguera. Pero, como en todos los negocios, la falta de experiencia puede derivar en tragedia.
Si fallecen estos personajes, en plena era 4T, los costos para el país serán inimaginables.
Dice el clásico que, “tal vez a ti no te interese la guerra, pero tú sí le interesas a ella”.
Es el caso.
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*ARD
