En su informe, el gobernador Barbosa se compromete a luchar contra la corrupción; alumnos de la UDLAP protestan
Con compromisos públicos del gobernador Luis Miguel Barbosa de abatir la corrupción y la manifestación de la comunidad de la Udlap, para que salga la policía del campus, se llevó a cabo el Informe de Gobierno.
Los accesos al Congreso del estado estuvieron bloqueados contra protestas en el marco del Informe de gobierno. Las estructuras metálicas comenzaron a observarse desde la tarde del lunes, pero la mañana del martes reforzaron el bloqueo a dos cuadras a la redonda.
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La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla convocó a inconformes a protestar para exigir la entrega de las instalaciones, al no permitirles cruzar y pasar a la 5 poniente, lo hicieron ante policías y por distintos frentes, hasta concluir frente a la Fiscalía.
Con la canción "Qué chula es Puebla" de fondo, a las 11 de la mañana llegó el mandatario a la sesión solemne para entregar el documento de los resultados de su administración tras dos años y tres meses de ejercicio.
La sesión empezó a las 9:45 de la mañana con los posicionamientos de los grupos parlamentarios, sin la presencia de Barbosa y sólo el PAN hizo señalamientos a su gestión.
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El gobernador poblano advirtió que en su administración se clausurarán miles de concesiones irregulares del transporte público, grúas y corralones; se eliminarán las unidades piratas y judicializarán carpetas.
En su Informe aseguró que el transporte público en todo el estado es un verdadero enredo, formado por la acumulación de privilegios de grupos clientelares, razón por la cual el gobierno lo regulará., la se dará a través de la nueva Ley del Transporte ya aprobada y la Ley de Movilidad que en los próximos días enviará al Congreso Local.
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La bancada del PAN denunció “insensibilidad” del gobernador ante la ola de feminicidios en la entidad desde el inicio de su gestión.
Asistieron el magistrado Héctor Sánchez, presidente del Poder Judicial; el fiscal General del estado, Gilberto Higuera Bernal; y la esposa del gobernador, María del Rosario Orozco, presidenta del Sistema DIF estatal.
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En prisión preventiva seguirán “El Callo” y sus dos cómplices, luego de que un juez de control los vinculó a proceso bajo la acusación de seis delitos, entre ellos, lesiones y homicidio calificado. Los tres son acusados de provocar la explosión en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán.
Miguel Ángel Pérez Romero, Antonio Carreón Romero, y Ricardo López Díaz, alias “El Callo”, fueron presentados ante un juez de control que tras el debate del agente del Ministerio Público y la defensa de los asegurados, halló elementos de prueba para considerar que los tres pueden ser responsables de los hechos de los que se les acusa.
El juez que conoció del caso dictó auto de vinculación a proceso para los tres arrestados por daño en propiedad ajena, lesiones calificadas, ataques a las vías de comunicación, delito de incendios y otros estragos, encubrimiento por receptación y homicidio calificado.
Además, ordenó que sobre los detenidos prevaleciera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fueron reingresados al penal de San Miguel.
El juez concedió cinco meses para investigación complementaria por lo que será en mayo del próximo año cuando el proceso legal contra los tres sospechosos de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, avance a la etapa intermedia.
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Puebla tiene un índice de potencial de violencia política de género contra las mujeres de 1.9 por ciento, según un estudio del Instituto Nacional Electoral que evalúa la prevalencia de esta agresión y su impacto en el proceso electoral 2020-2021.
En el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia de género, el INE presentó los resultados del estudio, el cual indica que en las pasadas elecciones se presentaron 42 denuncias por violencia política contra las mujeres ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla.
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Estima que el 50 por ciento de las candidatas que buscaron asesoría denunciaron agresiones. Los municipios de mayor relevancia están gobernados por mujeres: San Pedro Cholula, Huejotzingo, Atlixco, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.
La entidad poblana cuenta con tres expedientes en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Son: el ex edil de Santiago Miahuatlán, Edmundo Jesús Rodríguez; el exalcalde de Francisco Z. Mena, Pascual Morales, ambos por violentar a regidoras, y el reportero Gerardo Ruiz, por emitir comentarios misóginos en contra de la panista Genoveva Huerta.
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