Puebla, Pue. La Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, realizó un análisis sobre las violaciones a los derechos humanos relacionado con el caso de la exhumación, traslado e ingreso ilegal al penal de San Miguel, en Puebla, del cuerpo del niño Tadeo Ayala Peralta, donde se asegura que existió una violación al derecho a la seguridad jurídica así como una violación al trato digno de su cuerpo, equiparable a tratos denigrantes al ser exhumado, trasladado y abandonado en un contenedor de basura.
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Mediante un comunicado se detalla la responsabilidad del gobierno del estado de Puebla en dos vertientes, la primera al poder caracterizarse como atribuibles a agentes estatales, lo que contraviene la obligación de respeto de los derechos humanos, y la segunda por la omisión o falta de prevención frente a hechos cometidos por particulares ante la existencia de un riesgo real de vulneración a los derechos humanos, lo que representa un incumplimiento de la obligación de garantía.
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Para el IDHIE, dijo que es fundamental que se investiguen en su totalidad tales violaciones a derechos humanos y que, es imprescindible, en el marco de la obligación estatal de garantizar los derechos humanos y del derecho a la verdad, reparar de forma integral el daño.
Por lo que el instituto da recomendaciones las cuales han sido enviadas a distintas autoridades federales, estatales y municipales.
Asimismo, se señala que el reconocer e investigar la responsabilidad estatal en las graves violaciones a derechos humanos contribuye a garantizar el derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad para reparar el daño a las víctimas. En ese sentido, el derecho a la verdad implica saber lo sucedido de la manera más completa posible, la identidad de los autores, las causas, los hechos y las circunstancias, por lo que la información que se genere debe ser de acceso público de manera oportuna, a través de mecanismos de transparencia proactiva.
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