Inés Gómez Mont solicitó un amparo contra la orden de aprehensión en la que está señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero por 2 mil 950 millones de pesos y la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de una ficha roja para buscarla en más de 190 países.
El amparo fue turnado al juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Guillermo Urbina, quien aún no la admite a trámite.
Esto, debido a que la demanda llegó a dicho juzgado porque se la envió el juez Quinto de Distrito.
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Por ello, el juez Urbina indicó que una vez que revise el expediente enviado por su homólogo, decidirá si admite o no la demanda de Gómez Mont.
El pasado 20 de enero la FGR dio a conocer que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos.
Derivado de esta investigación la FGR concluyó que la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, contra quienes consiguió órdenes de aprehensión y fichas rojas para lograr su captura por lavado de dinero y delincuencia organizada.
A Inés Gómez Mont, septiembre de 2021 la puso contra la pared. Durante ese mes, se filtró mediáticamente una orden de aprehensión sobre ella y su marido por defraudación fiscal.
La noticia corrió rápido ese 10 de septiembre, pues su pareja es Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien desde 2019 se le ha vinculado amistosamente con Juan Collado, el abogado detenido por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Ese mismo día la conductora de 38 años escribió en su cuenta de instagram que estaba preparándose para enfrentar el proceso y mantendría a sus seguidores informados de lo que calificó triste y penosa situación.
"No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrado", escribió.
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Pasaron casi tres semanas para que en su antes activa red social, donde se contabilizan 2.4 millones de seguidores, volviera a aparecer.
Para entonces, Inés aún no había tenido acceso al expediente, según sus palabras, pero ya sabía que la acusaban de haber recibido 3 mil millones de pesos por contratos públicos y de pertenecer a la delincuencia organizada.
En caso de comprobarse el delito, los acusados podrían pasar hasta 50 años en prisión.
*IR