Con algunos ajustes, que serán menores a lo aprobado por el Senado de la República, la reforma al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores será un hecho, porque así lo decidió la presidente Claudia Sheinbaum.
La Cámara de Diputados, después del lunes 6 de enero, convocará a sindicatos y a empresarios a revisar la reforma del Infonavit. Será a través de las Comisiones de Trabajo y de Vivienda, donde empiecen a revisar el tema.
La presidenta está convencida que se debe combatir la corrupción en el organismo. Por ejemplo, en Puebla fue detectado una red de funcionarios del Instituto que vendieron 35 casas en 278 ocasiones. Como informó ayer en Palacio Nacional el director del Infonavit, Octavio Romero, al señalar que estos casos ocurrieron entre 2014 y 2022.
En la red participaron notarios, despachos de evaluación, peritos valuadores, controladores y trabajadores del Infonavit. Su manera de estafar a los trabajadores consiste en un mecanismo con el cual se les cobraba el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda.
La presidenta Sheinbaum explicó que el objetivo de la reforma a la Ley del Infonavit es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y garantizar la construcción de vivienda social digna.
“El fondo de la reforma a la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos; control, en el sentido de control público de transparencia.
“Más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuya recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita que los trabajadores tengan vivienda que al final ese es el objetivo central del Infonavit”, aseveró.
El director Romero informó que con la reforma se busca continuar con el incremento del salario mínimo, ya que de esta manera se incrementan los recursos del Fondo de Vivienda; además de que se equiparará la gobernabilidad de esta dependencia con la del Instituto Mexicano del Seguro Social, manteniendo el sello tripartito, para lo cual se contempla:
Un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en tres vertientes: 1. crédito barato y suficiente para derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos; 2. desarrollo de vivienda, que permite al Infonavit comprar terrenos y construir; así como 3. arrendamiento social con opción a compra, para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda del 30 por ciento de su salario.
Creación de la constructora del Infonavit: que realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente.
Homologación de los órganos de gobierno: de manera que, al igual que sucede en el IMSS, se respeta el tripartismo paritario del Infonavit (ejecutivo federal, trabajadores y empresarios); el director general como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido por la presidenta de la República; se eliminan las Direcciones Sectoriales de trabajadores y empresarios, y finalmente se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones, ya que los asistentes, actualmente cobran entre 60 y 90 mil pesos por sesión.
Oropeza expuso el caso de Telra Reality, una empresa contratada por el Gobierno en 2014 por un monto de 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia. Al finalizar el plazo de dos años, en 2016, la empresa no entregó el servicio contratado y en lugar de ser penalizada, se le pagó una indemnización de cinco mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de dinero entre las empresas contratadas directamente por el Instituto, y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018.
A la fecha continúan empresarios y sindicatos impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF. El argumento es que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los "recursos privados" que pertenecen a los trabajadores.
Ante estos ejemplos de corrupción, la reforma al Infonavit será un hecho en el primer trimestre del próximo año
De las anécdotas que se cuentan
Ayer, el senador Nacho Mier repudió la candidatura del ex fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, como ministro del Poder Judicial de la Federación. El legislador de Morena aseguró que no votará a favor de Higuera, para que se convierta en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Federación.
"No va a contar con mi voto, sólo que mi voto está justificado… échense un clavado en los medios de 2022 y 2023 y van a encontrar muchas razones por las que no votaré por él", precisó.
A pesar de su oposición a la candidatura de Higuera Bernal, Nacho Mier rechazó que se realice una cargada de legisladores de Morena contra el ex fiscal, ya que aseguró su opinión es personal.
Más allá de un voto, ser ministro para Higuera será difícil.
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*ARD
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