PRI, PAN y MC podrán impugnar la reforma judicial

En el debate se discutieron las demandas presentadas contra la reforma judicial. Esta reforma, promovida por el gobierno, ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores políticos.

PRI, PAN y Movimiento Ciudadano con legitimidad jurídica para impugnar la reforma judicial mediante la acción de inconstitucionalidad decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación  con mayoría de 8 votos durante un acalorado debate.

En este se discutieron las demandas presentadas contra la reforma judicial. Esta reforma, promovida por el gobierno, ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores políticos.

Durante la discusión, el ministro González Alcántara defendió la legitimidad de los partidos políticos al señalar que cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 105, fracción segunda, inciso F, de la Constitución Federal. Este artículo permite a los partidos políticos debidamente registrados en el Instituto Nacional Electoral (INE) presentar acciones de inconstitucionalidad, siempre y cuando los representantes legales firmen las demandas.

En contraste, la ministra Loretta Ortiz Ahlf argumentó que los partidos carecen de legitimación para promover acciones de este tipo contra las normas constitucionales.

Según su interpretación, “la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución permite acciones de inconstitucionalidad contra normas generales, no contra la Constitución misma”.

Ahora los partidos deberán preparar sus argumentos para la fase siguiente del proceso judicial.

 Lo anterior  generará una movilización política por parte de los partidos opositores al gobierno.

 El caso atraerá la atención mediática, lo que podría influir en la opinión pública y en futuras decisiones legislativas.

La validación de la legitimidad de los partidos para impugnar la reforma judicial es un desarrollo significativo en la política mexicana. Esto puede implicar un mayor control y balance de poderes, así como una protección de los derechos constitucionales que podrían verse afectados por reformas judiciales

Con información de El Imparcial 

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