El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó analizar si está facultado para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial y, en su caso, si puede revertirla o modificarla.
Su definición para abrir una controversia se dio al dar cauce a una de las nueve consultas presentadas a partir de las impugnaciones interpuestas por personas juzgadoras, con las que solicitan revisar los efectos de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Dicho resolutivo se dio luego de una votación que culminó con ocho sufragios a favor y tres en contra de las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, luego de que estas dos últimas advirtieron que el Poder Judicial no tiene supremacía sobre los otros poderes y que, por lo tanto, la Corte estaría incurriendo en un “golpe de Estado”.
Los demás ministros y ministras rechazaron los argumentos de las tres ministras que se apartaron de la decisión mayoritaria y mencionaron que no se está estudiando el tema de fondo, sino la atribución que tiene la Corte para analizar las consultas que solicitaron los trabajadores.
El proyecto que se sometió a discusión fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien aseguró que la petición de los trabajadores del Poder Judicial contra la enmienda constitucional sí puede ser admitida, por lo cual pidió que la presidenta de la Corte reencauzara la consulta, además de que planteó que la Corte está facultada para “velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador.
Ministra de la SCJN
Durante los pronunciamientos en contra, la ministra Lenia Batres advirtió que, con esta decisión, la Corte está afectando el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros del país.
Además, señaló que “la Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial. Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte, a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión”.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, si bien estuvo de acuerdo en decir que la Corte tiene competencias para impugnar decisiones de otros Poderes de la Unión, señaló que no resulta aplicable la consulta a trámite para resolver el presente asunto, al considerar que el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF “no abarca cualquier controversia, sino sólo aquellas que se originan dentro del Poder Judicial, lo cual no sucede en la consulta que se pone a nuestra consideración”.
Mientras tanto, Yasmín Esquivel adelantó que votaría por desechar la solicitud de consulta a trámite interpuesta por jueces y magistrados federales, por considerarlo “notoriamente improcedente”, pues aseguró que la consulta fue presentada el 11 de septiembre del 2024, un día después de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma judicial; entonces, “no podrían analizarse los argumentos de la solicitud sin afectar necesariamente los actos que consolidaron y dieron definitividad a dicha reforma”.
A su vez, la ministra Margarita Ríos Farjat reiteró que no hay razón jurídica para impedir el análisis de la reforma judicial. “No encuentro razón jurídica para impedir, en este momento, pronunciarse sobre la reforma al Poder Judicial. Tampoco puede esta Corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa. Siendo así, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis”, aseguró.
El ministro Alcántara Carrancá explicó que, si bien su proyecto estaba enfocado en darle trámite a la consulta elaborada por jueces y magistrados federales, señaló que “es importante destacar que la presente consulta no prejuzga ni pretende juzgar de ninguna forma sobre el alcance que pudiera llegar a tener la sentencia que se dicte en el expediente principal de la controversia”.
En este tema, como todos sabemos y como se han manifestado, conlleva a la necesidad de analizar un análisis profundo de nuestro sistema jurídico, por lo que es necesario y pertinente reservarlo para la resolución definitiva.
Finalmente, la ministra presidenta Norma Piña Hernández señaló: “En este tema, como todos sabemos y como se han manifestado —adelantando algunos un criterio de fondo—, conlleva a la necesidad de analizar un análisis profundo de nuestro sistema jurídico, por lo que es necesario —a mi juicio— y pertinente reservarlo para la resolución definitiva que sobre la solicitud se dicte”, señaló.
Trabajadores celebran decisión de la Corte
Trabajadores del Poder Judicial, celebraron la resolución de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revisará la solicitud de jueces y magistrados de revisar la legalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial.
A las afueras de la SCJN, los trabajadores comenzaron a manifestarse desde temprana hora con tambores, panderos y silbatos. Una fiesta que esperó y estuvo atenta a la sesión al interior de la Corte; y en cuanto se dio el resolutivo, el júbilo estalló y alzaron la mano en señal de victoria.
Fernando Miguez, uno de los trabajadores del PJF, le aseguró a los más de 150 trabajadores reunidos frente a las escalinatas del recinto judicial: “Acaban de recibir la información de la votación: ocho a tres en contra, es decir, se admite este análisis de resolución”.
“¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer! ¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, fue una de las consignas que resonaron con los tambores.
“Que se escuche fuerte y claro aquí al lado, en Palacio Nacional y en las cámaras del Congreso, hay República y la hay porque estas ministras y ministros patriotas con argumentos y razones han hecho prevalecer el Estado de derecho y la división de poderes”, aseguró uno de los trabajadores que habló en el megáfono.
Con información de La Razón
*BC