Los chantajes de líderes ejidales, son para sacarle dinero a los gobiernos.
Después de casi 30 horas que bloquearon la avenida Las Torres y el bulevar Carlos Camacho, el gobierno estatal llegó a un acuerdo con los dirigentes de los ejidatarios de San Baltazar Campeche, que exigen el pago de terrenos y piden para ello mil 200 millones de pesos.
El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, informó que el gobierno del estado llegó a un acuerdo con los ejidatarios y atendió a una comitiva donde estuvieron presentes el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, y la síndico Guadalupe Arrubarrena.
“Mediante diálogo, se logró restablecer la circulación en el Blvd. Valsequillo y el Blvd. Municipio Libre. Se estableció también una mesa de diálogo entre los gobiernos estatal y municipal, con una comitiva de los manifestantes” escribió en su post.
No es la primera vez y el primer ayuntamiento que son sometidos a presiones del “líder de los ejidatarios”, Mauro Muñoz, quien ha hecho de invasiones a predios en la zona sur de Puebla su negocio. Siempre saca terrenos, que después vende. Hay alcaldes que pagaron los terrenos ejidales usados para construir avenidas que elevan la plusvalía de los precios con la que fueron vendidos.
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El gobernador Sergio Salomón Céspedes, durante la mañanera, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron la Unidad de Oncología y Cardiología del Hospital para el Niño Poblano, que tuvo una inversión de 946 millones 939 mil 962 pesos.
Sergio Salomón explicó que actualmente dicho inmueble cuenta con 700 trabajadores, y tiene una capacidad de un millón 400 mil pacientes pediátricos. "Se atiende a los hijos de México, a los hijos de Puebla y tristemente a los que en muchas de las ocasiones más necesidades tienen, y que no tienen acceso por recursos económicos a la atención de primer nivel", dijo.
Actualmente existen 3 mil 920 basificaciones médicas, más 3 mil 600 plazas para basificar el próximo año. "Sin la llegada del IMSS-Bienestar, los hospitales que hoy se inauguran, no podrían ser una realidad, ya que no tendríamos el personal suficiente que hoy el IMSS-Bienestar nos proporciona, para nosotros es un verdadero gusto agradecerle señor presidente", dijo el poblano.
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Delia Clarissa Álvarez Bigurra fue presentada como la coordinadora de Comunicación y Agenda Digital del gobernador electo, Alejandro Armenta. Originaria de Martínez de la Torre, Veracruz, ha participado como coordinadora de redes sociales para la campaña a la presidencia de José Antonio Meade.
"De una vez se los digo, quien se encargará de la Agenda Digital será Delia, quien esté en esa área en mi administración", agregó el gobernador Armenta, quien revelará en los próximos días al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que espera el permiso del Estado Mayor Presidencial.
Álvarez Bigurra fue subdirectora de contenidos para plataformas digitales de Radio y Televisión de Veracruz. Estudió mercadotecnia y publicidad en el Centro de Estudios Superiores.
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El representante Morena ante el Instituto Estatal Electoral, Alfonso Bermúdez, informó que a más tardar el 4 de octubre se tendrán que resolver la elección del 2 de junio. Explicó que entre esos municipios se encuentran, San Pedro Cholula, Texmelucan, Teziutlán y Puebla capital, y otros, clasificados con elecciones extraordinarias, como: Venustiano Carranza, Chignahuapan e Ixtepec.
El representante del partido guinda destacó que está dispuesto a aceptar los resultados arrojados por los tribunales electorales.
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Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Novena de Distrito en Veracruz, concedió la suspensión definitiva en el amparo que trabajadores del Poder Judicial de la Federación tramitaron contra el proceso de discusión y aprobación y la promulgación de la declaratoria de reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador, con ello ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial que se realizó el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
En su sentencia, Juárez Salas afirmó que, de concretarse los efectos de la reforma, “haría materialmente imposible reparar a las quejosas del daño ocasionado”.
Comentó “de ahí que, por el contrario, si no se concediera la suspensión de los actos, se corre el grave riesgo de que la independencia judicial como valor íntegro de un estado de derecho, se erosione en perjuicio de las quejosas”.
La jueza destacó que si bien el decretó ya se publicó en el DOF, no basta ese hecho para negar la medida cautelar, sino valorar la apariencia del buen derecho y el interés social, con el fin de restablecer a las quejosas en el goce de su derecho, siempre y cuando no exista impedimento jurídico o material para ello.
*ARD